La Audiencia Provincial de Málaga ha sentenciado al exasesor de Urbanismo de Marbella, Juan Antonio Roca, a 18 meses de prisión y siete años de inhabilitación por un delito de malversación de caudales públicos, así como también es inhabilitado cinco años más por un segundo delito de prevaricación. Además, deberá indemnizar al Ayuntamiento en 10,7 millones de euros y a la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol por la expropiación de los terrenos sobre los que se ubicó la planta desaladora de la ciudad, una suma que no se ha determinado aún.
Según consta en el apartado de hechos probados, tras acceder Jesús Gil a la alcaldía de Marbella se creó un entramado de sociedades municipales «alejándose de la aplicación del Derecho Administrativo y con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados». Así, Roca fue puesto al frente de Planeamiento 2000 y de Mancosol Urbanismo, participada esta por Acosol, sociedad creada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol cuyo consejero era José Luis Sierra Sánchez.
En el 95, la Mancomunidad decidió construir una planta desaladora en Marbella. La empresa realizaría la construcción financiándose las obras por el contratista y recuperándose parte de lo invertido mediante un canon de explotación de la desaladora por la parte no subvencionada.
Para hacer las obras, Decosol, la adjudicataria, había que expropiar los terrenos, por lo que en 1997 el Ayuntamiento decidió hacerlo. Las afectadas eran siete fincas. El Consistorio encargó las expropiaciones a Roca, de forma que Decosol pagó 901.518 euros (150 millones de las antiguas pesetas) mediante dos cheques.
El tribunal considera probado que Roca, «lejos de aplicar aquella cantidad al pago de las expropiaciones», se hizo con las cantidades extrayendo de las diversas cuentas diferentes sumas. El 21 de diciembre de 1996 sacó de una cuenta de Banesto 25 millones de pesetas; y extrajo también 125 millones de pesetas de una cuenta de La Caixa mediante cheques. «Pese a haber recibido el dinero anticipado, no se tramitaron los expedientes de expropiación no se abonó justiprecio alguno», salvo en el caso de unos herederos.
«Los terrenos sí fueron ocupados por el Ayuntamiento y no consta a día de hoy si se han pagado por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol o el Ayuntamiento de Marbella los justiprecios de los terrenos», dice la Sala.
Por otro lado, en diciembre del 95 se decidió que la planta la haría la adjudicataria. Gil encomendó a Acosol la dirección de la obra, empresa que a su vez le encargó la obra a Mancosol, la cual fijó como precio de la dirección de los trabajos 140 millones de pesetas. A su vez, Roca encargó la dirección a Aragall, una empresa sin especialización alguna en este tipo de trabajo. «En la adjudicación tanto de Acosol a Mancosol como de Mancosol a Aragall se obviaron todas las normas administrativas de control y publicidad», asegura el tribunal.
Finalmente, tras una serie de movimientos de dinero de diversas facturaciones entre mercantiles, 1,03 millones de euros acabaron en dos empresas ligadas al abogado José Luis Sierra, «no enjuiciado por padecer una enfermedad degenerativa que le impide tener conciencia de sus actos, habiéndose seguido la causa contra él».
