Ordenación del territorio

Investigan si Ángeles Muñoz modificó las actas de pleno para recalificar su casa

La Fiscalía detecta indicios de delito en la documentación que la entonces alcaldesa de Marbella tramitó en 2009, al intentar modificar las lindes con Benahavís

19.09.2016 | 05:00
Los planos del deslinde que, en el entorno de la vivienda de la exalcaldesa, habrían permitido la recalificación «de no urbanizables a urbanizables».
Los planos del deslinde que, en el entorno de la vivienda de la exalcaldesa, habrían permitido la recalificación «de no urbanizables a urbanizables».

Cronología

  • Sesión plenaria. La Fiscalía investiga las actas del pleno municipal celebrado el 29 de julio de 2009. En esa sesión se aprobó la revisión del PGOU. Del visionado del vídeo se detecta de manera objetiva, según la documentación aportada por el fiscal, «la presunta comisión de un delito de falsedad documental».
  • Recalificación. La entonces alcaldesa, Ángeles Muñoz, ya había evitado votar en la modificación del PGOU para evitar, según sus propias palabras, «que la oposición no tuviese ningún argumento al que agarrarse y se diesen cuenta de que se trataba de un trámite transparente».
  • Denuncia del fiscal. Ante los indicios de falsedad documental, la Fiscalía de Marbella ha decidido presentar denuncia ante la Audiencia Provincial contra la exalcaldesa Ángeles Muñoz y el vicesecretario del Ayuntamiento.

La determinación del fiscal llega sólo 11 meses después de que la Junta archive el deslinde

Sólo 11 meses después de que la Junta de Andalucía determinara el archivo del expediente que había iniciado el Ayuntamiento de Marbella para alterar las lindes y ceder a Benahavís 200.000 metros cuadrados de suelo, la Fiscalía ha abierto diligencias por un presunto delito de falsedad documental en la modificación de las actas plenarias del 29 de julio de 2009. En dicha sesión, el Consistorio marbellí presuntamente alteraba los planos del PGOU dando lugar a un expediente de alteración de lindes que suponía la recalificación de los terrenos en los que se encontraba un inmueble familiar de la entonces regidora marbellí, Ángeles Muñoz (PP).

El fiscal denuncia a la exalcaldesa –que por su condición de senadora está aforada y deberá rendir cuentas ante el Tribunal Supremo–, así como al entonces vicesecretario del Consistorio. Todo parte de la investigación que determinó, tras visionar el vídeo y comprobar el acta de la sesión plenaria en cuestión, que estaría en lo cierto el movimiento ciudadano Ni un metro de Marbella para otra población. Dicho colectivo sostiene que el equipo de gobierno liderado por Muñoz alteró, presuntamente, documentos que afectaban a una zona «donde ella tenía propiedades familiares».

Un aspecto que no comprenden los vecinos que iniciaron ya por entonces diversas movilizaciones era el precio que el municipio marbellí iba a recibir por normalizar unos 200.000 metros cuadrados, que aparecían como rústicos en el planeamiento marbellí y como urbanizables en el de Benahavís. «A cambio, Marbella iba a recibir 30.000 metros cuadrados, algo ridículo», según explicó en su día la plataforma ciudadana, liderada por la arquitecto Carola Herrero y la abogada Cristina Falkenberg.

Fue la letrada precisamente la encargada de poner el acento en la posible falsificación del PGOU tramitado entre el 12 y el 28 de junio de 2009. La plataforma denunció modificaciones en 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella que afectaban al deslinde. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló esta parte del documento lo que llevó a la Junta de Andalucía a archivar el expediente de alteración de lindes.

Las pesquisas que pudo certificar el fiscal, en un decreto elevado este pasado 1 de agosto y que ha trascendido ahora, determinan que el documento inicial del PGOU –configurado el 11 de junio de 2009 por el equipo redactor– había sido alterado el 28 de julio de 2009 a las 14 horas, 45 minutos y 57 segundos. Justo al día siguiente se iba a celebrar el pleno convocado de urgencia cuyas actas también se han investigado estos últimos meses. En las mismas figuran «cosas que nadie jamás dijo, en particular a lo que a las alteraciones se refiere», expone el propio decreto de la Fiscalía.

Paradójicamente, en las actas de la sesión plenaria incluso se alude a una reunión de la comisión informativa de Urbanismo que habría sido convocada el viernes 24 de julio para que se celebrara el lunes 27 de julio por lo que difícilmente pudieron tratarse en dicha comisión «unas alteraciones que no se producirían hasta dos días después, como dice falsamente el propio acta».

Lo singular de este caso es que el PGOU original, sin las modificaciones en cuestión, fue entregado a cada uno de los ediles en un disco compacto, de manera que el supuesto delito podría haber sido detectado por cualquiera de los integrantes de la corporación, según alegan los propios ciudadanos.

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