El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, Javier Porcuna, afirmó ayer que es «más que probable» que el Consistorio se persone como acusación en el caso de la supuesta falsificación de documentos en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, si finalmente se concretan las denuncias contra la senadora y exregidora del PP, Ángeles Muñoz, y el vicesecretario del Consistorio.
Como ya informó la semana pasada La Opinión de Málaga, la Fiscalía ha denunciado ante la Audiencia Provincial de Málaga -y ante el Supremo al estar aforada por su condición de senadora- a la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, por presunta falsificación de documental «tras comparar la documentación adquirida durante las diligencias de investigación penal con el vídeo de la sesión del pleno del Ayuntamiento de 29 de julio de 2009 y el acta que el vicesecretario del Consistorio levantó a tal efecto».
La actuación de la Fiscalía responde a la denuncia previa de la plataforma ciudadana Ni un metro de Marbella para otra población, liderada entre otras personas por la arquitecto Carola Herrero y la letrada Cristina Falkenberg, quienes sacaron a la luz que la alteración de lindes suponía la cesión de 200.000 metros cuadrados a Benahavís a cambio de otros 30.000.
La plataforma denunció que en dichos terrenos se encuentra la casa de la exalcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y que su familia tiene terrenos que pasarían de rústicos a urbanizables, con una revalorización de toda la zona de unos 30 millones de euros.
En este sentido, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Porcuna, manifestó ayer que «es más que probable que el Ayuntamiento acuda a la defensa de esos intereses de todos los vecinos de Marbella y San Pedro, si efectivamente se ha producido un daño al patrimonio municipal o lo que se valore en su momento». Porcuna aclaró que el Consistorio marbellí adoptará una decisión una vez que se pronuncie la asesoría jurídica.
17 millones de euros. Por otra parte, el Consejo Consultivo de Andalucía ha eximido al Ayuntamiento de Marbella de abonar más de 17 millones de euros de una reclamación de responsabilidad patrimonial por parte de la mercantil M.H.I., SA, que alegaba perjuicios al extinguir la concesión para uso privativo de una parcela de 2.977 metros cuadrados en la urbanización Playas Españolas.
El Ayuntamiento inició el expediente tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2008. Ahora, el Consejo Consultivo de Andalucía, en un dictamen al que ha tenido acceso Efe, argumenta que el perjuicio viene de la sentencia, no del Consistorio, y desde ese momento la concesión quedó extinguida. Añade que el retraso en la ejecución de la sentencia ha permitido a la mercantil permanecer en los terrenos pero de manera ilegal.
