El futuro inmediato de las obras de ampliación del puerto deportivo de Marina La Bajadilla de Marbella está en manos del juez que tiene intervenida judicialmente la sociedad Nas Marbella -concesionaria de las instalaciones portuarias-, tras la demanda que el arquitecto José Seguí interpuso por el impago de los proyectos realizados. Nas Marbella está participada en un 97% por el jeque Abdullah Bin Nasser Al Thani y en un 3% por el Ayuntamiento de Marbella.
Sin embargo, ante los reiterados incumplimientos del jeque -que no constituyó la sociedad para gestionar el puerto hasta que en 2013 la Junta le abrió el primer expediente de resolución del contrato de la concesión, debe más de un millón de euros en concepto de canon y aún no ha presentado el proyecto de ejecución de obras- el Ayuntamiento de Marbella inició hace más de un año la búsqueda de inversores que estén interesados en el proyecto.
El concejal de Proyectos Estratégicos de Marbella, Javier Porcuna, afirmó ayer a este diario que hay dos grupos inversores de capital extranjero con asesores españoles interesados en las obras de ampliación de La Bajadilla.
Pero una inversión millonaria como ésta no se puede hacer sin unas mínimas garantías, según explicó Porcuna. Por eso, los inversores están a la espera de que el juez convoque una junta general de accionistas de la sociedad Nas Marbella para conocer con exactitud cuales son las cuentas y cual es el estado real de la sociedad.
«Nosotros hemos pedido la convocatoria de una junta general de accionistas desde hace un año pero el jeque no la convoca -explicó el concejal-. Por eso, esperamos que el juez convoque esa junta general para que los inversores conozcan la realidad de la empresa y puedan decidir si entran en el proyecto de futuro de La Bajadilla».
Por esa misma razón, el Ayuntamiento de Marbella presentó el martes una alegación ante el nuevo expediente de rescisión de contrato de concesión de La Bajadilla que la Agencia Pública de Puertos de Andalucía -dependiente de la Junta de Andalucía- ha abierto por los incumplimientos del jeque.
El Ayuntamiento de Marbella quiere que la Junta de Andalucía suspenda el proceso de rescisión tres meses, el tiempo que Porcuna estima necesario para convocar la junta general y que los inversores puedan estudiar la situación de la sociedad para poner en marcha el proyecto. «Si entran nuevos inversores, el proyecto se iniciaría de inmediato», añadió Porcuna.
