Aquel 17 de abril de 2007, Marbella volvió a levantarse sobrecogida por la tercera operación policial en apenas tres años: tras Ballena Blanca (2005) y Malaya (2006), el Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad, cuya plaza ocupaba entonces el aún desconocido Francisco Javier de Urquía, desencadenó la operación Hidalgo contra el blanqueo de capitales procedentes, según informó Anticorrupción, de la prostitución, estafas, tráfico de drogas, malversación de caudales, fraudes al fisco y quiebras fraudulentas. Hoy, ese golpe a las bandas criminales que operaban fuera de España pero que lavaban sus ganancias en la Costa del Sol ha quedado completamente desinflado tras llegar esta semana a la Sección Novena de la Audiencia Provincial, con casi diez años de instrucción a sus espaldas, para su enjuiciamiento.
Una década, diez años en los que este sumario ha sufrido todo tipo de golpes y reveses y en la que, pese al intenso trabajo de la Fiscalía Anticorrupción, poco se ha sacado en claro. A esto hay que añadir lo que aún queda para que se celebre el juicio, lo que ocurrirá, como pronto, en 2018, dada la enorme saturación de macroprocesos que arrastran las salas penales de la Audiencia Provincial.
Este caso está marcado por la espectacularidad de su inicio: a las ocho de la mañana del 17 de abril 230 policías tomaron el centro de la ciudad, practicando hasta 30 detenciones -hasta julio de ese año, aunque fueron 21 esa jornada-; también se actuó en Estepona. Los agentes registraron un despacho de abogados, el que regentaba el prestigioso jurista Rafael Cruz-Conde, hoy fallecido, por facilitar la cobertura para blanquear supuestamente a las bandas internacionales. Hubo famosos empresarios hoteleros detenidos, empresarios iraquíes, arrestos en Madrid y hasta registros en dos exclusivos hoteles marbellís.
Con el paso de los meses, otra bomba contra la línea de flotación desinfló el caso. El juez Francisco Javier de Urquía fue imputado en Malaya después de que Juan Antonio Roca le sobornara pagándole una parte muy importante del valor de su vivienda en Marbella. Aquel soborno no sólo significó su condena final por el Tribunal Supremo y su expulsión de la carrera, sino que puso en solfa todas sus decisiones en el marco de este sumario. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revisó todos sus casos y lo suspendió cautelarmente antes de que se le investigase en la trama de corrupción marbellí.
La Audiencia Provincial de Málaga, por ejemplo, puso en libertad a Rafael Cruz-Conde, un letrado considerado muy prestigioso y sin tacha profesional alguna en la Marbella de la época; y la Sección Segunda, por ejemplo, destituyó al administrador judicial que nombró De Urquía, en diciembre de 2017, para gestionar el patrimonio intervenido en la operación, que incluía esos dos hoteles, santo y seña del turismo en la Costa del Sol.
En un durísimo auto, decía la Audiencia que el administrador de De Urquía cobraba 65.000 euros mensuales más el 1 por ciento de cualquier acto de transmisión o enajenación de activos de las entidades administradas. En cuanto a la persona elegida, añadía: «En cuanto al nombramiento del mismo, echa en falta este tribunal información sobre el medio por el cual se obtuvo el nombre de quien finalmente fue designado pues no figura en los particulares remitidos el correspondiente a tal acto. Tampoco sabemos las cualidades que concurren en el administrador, parece que prevaleció la voluntad del instructor».
Con el tiempo, Urquía sería condenado también por ofrecer favores judiciales a cambio de dinero a uno de los imputados de la operación Hidalgo.
A todo eso se suma que en junio de 2012 murió el abogado que era considerado como el cabecilla de la trama y uno de los empresarios iraquíes imputados en este proceso.
Los informes de los expertos de Hacienda revelaron durante la instrucción que las sociedades vinculadas al despacho investigado pudieron mover más de 277 millones de euros en apenas una década, dinero susceptible de haber sido lavado.
Anticorrupción pide ahora 170 años de prisión por delitos fiscales y blanqueo y en torno a 1.000 millones de euros de multa contra catorce acusados. Según el fiscal, el despacho proporcionaba al cliente que lo demandaba «las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos». Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española, sociedad limitada, que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal tales como Gibraltar, Panamá o las Islas Vírgenes.
De cualquier forma, el caso llega muy descafeinado a su fase final y aún podrán pasar años hasta que haya una condena en firme. Ya ha pasado casi una década desde que estallara esta prometedora operación contra el blanqueo de capitales que, tal y como ocurrió con Ballena Blanca, se desinfló demasiado por el camino.
