El Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad de Marbella ha admitido como acusación popular al Grupo Municipal Socialista en la denuncia presentada por la plataforma denominada «Ni un metro de Marbella para otra población» en el año 2015 contra la exalcaldesa Ángeles Muñoz, por presunta «falsedad documental» en los trámites de aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en 2009, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico.
El magistrado ha admitido así a trámite la querella presentada por el PSOE local contra la exregidora y la exconcejala de Urbanismo Alba Echevarría, «por un supuesto delito de falsedad documental», fijando el auto que «se tiene por parte en este procedimiento» al grupo municipal socialista en una causa que se acumula «a la ya incoada» en dicho Juzgado, donde se han presentado con anterioridad «diligencias para la investigación de hechos conexos».
Inicio del proceso en 2008
La querella presentada por el PSOE, a la que ha tenido acceso este diario, presenta una cronología de los hechos que la motivan, entre los que destacan la aprobación en el pleno del 18 de diciembre de 2008 del inicio del expediente de deslinde entre los municipios de Marbella y Benahavís, donde señalan que Muñoz «se inhibió en el voto al manifestar expresamente que su familia tenía intereses inmobiliarios en la zona».
Prosiguen las causas de la querella argumentando que el equipo redactor del PGOU -hoy anulado por el Tribunal Supremo por otras circunstancias-, entregó la versión definitiva del texto urbanístico el 12 de julio de 2009 «consignándose los planos, las fichas urbanísticas y la memoria del PGOU que iba a ser aprobado en Pleno», adquiriendo naturaleza de documentos públicos «al ser aprobados en Junta de Gobierno Local y diligenciados por el secretario de dicha Junta».
Por otro lado, la citada querella señala que entre la tarde del 28 y la madrugada del 29 de julio de 2009 y según acredita el Decreto del Fiscal del 1 de agosto de 2016, presuntamente, «se alteran 22 planos de ordenación del PGOU de Marbella», lo que supone el 30 por ciento del término municipal, según el texto, concentrándose los mayores cambios en la linde entre Marbella y Benahavís, «zona donde la familia de la señora Muñoz Uriol tiene importantes intereses inmobiliarios».
«Sin informar» a la oposición
Según denuncia en su escrito el Partido Socialista, estos cambios fueron realizados, presuntamente, «unilateralmente sin información pública, sin período de alegaciones y sin conocimiento de los concejales de la oposición». Con ello, tanto la exalcaldesa como la exconcejala de Urbanismo Alba Echevarría, «evitan que el nuevo PGOU de Marbella califique los suelos limítrofes con Benahavís como suelo no urbanizable», destaca.
Así, «limitando la extensión del municipio de Marbella en los planos» y quedando su ordenación bajo «el PGOU de Benahavís de 1994, permanece como suelo urbanizable».
Asimismo, la querella señala que «para llevar a cabo el -presunto- cambiazo de los planos y las subsiguientes fichas urbanísticas se hizo imprescindible que la persona que ostentaba la secretaría de la Junta de Gobierno Local accediese a modificar los documentos que fueron presentados al pleno».
