El Pleno del Ayuntamiento de Marbella aprobó ayer la modificación del reglamento de coordinadores y directores generales propuesta por el equipo de gobierno tripartito, que salió adelante con los votos del PSOE, OSP, IU y CSSP, una medida que pretende regular el nombramiento de estos cargos y limitarlos a los actuales 27, frente a los 46 que contrató el anterior Ejecutivo local del PP.
El portavoz municipal, Javier Porcuna, fue el encargado de defender la propuesta, donde destacó que se elevó al Pleno «la supresión de los apartados 2,3 y 4 del artículo 1 y una nueva redacción de los artículos 6 y 7» de dicho reglamento, cuya aplicación se encuentra en estos momentos interrumpida «debido a la intervención de la Abogacía del Estado», que ha solicitado medidas cautelares, recordó. Además ayer se dio luz verde a «la eliminación de un párrafo del artículo 8 del reglamento vigente».
En este sentido, el portavoz ironizó con el hecho de que el gobierno central no haya intervenido en pasadas legislaturas «cuando no había reglamento, pero sí directores generales nombrados con tres días de exposición de la convocatoria en el tablón de anuncios» y que ahora «haya actuado de manera tan contundente la Abogacía del Estado, dependiente de un gobierno del PP».
«Nuestra intención es seguir adelante, modificar lo que se tenga que modificar, aplicar la ley y continuar con el procedimiento que se ha iniciado (aunque interrumpido), para el nombramiento de cuantos directores generales se estime necesario», señaló Porcuna, quien remarcó que «en el caso de aquellos que no ostenten la condición de funcionarios de la categoría A 1 no se añadirán a los cargos de confianza ya existentes».
Así, detalló que «si alguno de los actuales cargos de confianza pasara a ser director general, se amortizaría su plaza como personal eventual» para cumplir el compromiso planteado al inicio del mandato de no superar el número actual, que asciende a 27 asesores frente a los 46 de la anterior legislatura.
En su turno de palabra, Porcuna también hizo alusión a los 12 cargos de confianza del gobierno del PP que no abandonaron sus puestos junto con el gobierno saliente en junio de 2015 y destacó que ocho de éstos han entrado «como personal indefinido del Ayuntamiento merced a un fraude de ley aparentemente intencionado» en la contratación de los mismos.
Por ello, remarcó el interés del actual Ejecutivo de «dejar perfectamente regulado lo que antes era un campo abierto, en el que únicamente contaba la voluntad de los que mandaban. En definitiva, con este reglamento abrimos una nueva época en la cual los cargos de directivos se nombren de acuerdo a principios como el mérito o la capacidad, garantizando la publicidad y la concurrencia, sin duda una novedad en este Ayuntamiento»,dijo.
Por su parte, el edil de CSSP, José Carlos Núñez, destacó que su formación apoya el reglamento tras alcanzar un acuerdo con el tripartito que ha sido refrendado por las bases, que prevé que «todo director general que se nombre y no sea funcionario supondrá automáticamente el despido de un asesor de confianza de los que ahora existen y no cobrará en ningún caso más que lo que viene a cobrando un asesor de confianza ahora mismo».
El acuerdo establece además que se nombrará dos funcionarios para desarrollar políticas de acceso a la vivienda y municipalización del transporte colectivo.
