El Ayuntamiento flexibilizará de nuevo los requisitos para acceder a las ayudas sociales, con medidas como no tener en cuenta el pago del alquiler o la hipoteca para hacer el cálculo de los ingresos, una iniciativa destinada a las familias en situación de vulnerabilidad, según dio ayer a conocer la concejala de Derechos Sociales, Victoria Morales.

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local, donde estuvo acompañada por el portavoz municipal, Javier Porcuna, Victoria Morales informó de que también se aprobó la regulación de estas prestaciones económicas de la delegación de Derechos Sociales, que serán recogidas en la base de ejecución presupuestaria de 2017.

La medida comprende la regulación de requisitos para acceder a las prestaciones económicas familiares, de emergencia social, de suministros mínimos vitales y del Plan de Atención Inmediata con el fin de mejorar los criterios económicos de acceso e introducir medidas preventivas.

En este sentido, detalló que los requisitos de ingresos para acceder a las ayudas pasarán este año a ser de un máximo de 8.491,20 euros anuales por unidad familiar compuesta por uno o dos miembros, cantidad a la que se añaden 912 euros por cada miembro adicional y año.

Así, se ha solicitado incluir estos acuerdos en las bases de ejecución presupuestaria, entre los que destacan «volver a flexibilizar los requisitos mínimos de ingresos para acceder a esas ayudas», y se ha acordado «descontar aquellos gastos de vivienda como el alquiler o la hipoteca» a la hora de calcular los ingresos anuales de la unidad familiar, indicó Morales.

Además, el acuerdo prevé flexibilizar los requisitos exigidos en torno al empadronamiento, que pasan a ser exigibles seis meses (y no un año como hasta ahora), para optar a alguna de las ayudas de carácter social que presta la Administración local y que de forma excepcional y con el informe social preceptivo «no será necesario cumplir este requisito», aseguró.

Asimismo, la concejala detalló que se incluyen ayudas económicas para necesidades básicas de gastos de alojamiento hasta 7.200 euros, donde están incluidos el pago del alquiler hasta 600 euros mensuales o el pago de la cuota de la hipoteca, recalcó Morales.

Por otro lado, se incluyen las ayudas en especies a través del Plan de Atención Inmediata, como el alojamiento alternativo en hostales, la garantía alimentaria en los centros de personas activas o el servicio de higiene.

Con ello se pretende, según Morales, «dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad» mejorando los requisitos establecidos en 2016, año en el que recordó que se destinó un total de 458.000 euros a ayudas de carácter social.

Morales puso de relieve la prioridad que da el equipo de gobierno a las políticas sociales para dar «una respuesta justa a las familias que peor l0 están pasando» y atender sus necesidades «de una manera más integral».

Al hilo de ello, la concejala de Derechos Sociales hizo hincapié en la necesidad de «hacer un pacto por el empleo», generando la pérdida del trabajo situaciones de exclusión social, así como instó a Gobierno central a «implantar una renta mínima para garantizar los derechos de los ciudadanos».