Tribunales

Un juzgado ve indicios de delitos en la contratación de cargos en el gobierno del PP

El juzgado de Instrucción número 3 de Marbella considera que existen presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en las contrataciones de cargos de confianza y de alta dirección en la etapa del Partido Popular

22.04.2017 | 05:00
Porcuna, a la izquierda, antes del inicio de la rueda de prensa.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ve indicios de delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación de cargos de alta dirección por el anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marbella, según dio a conocer ayer el portavoz municipal, Javier Porcuna.

El representante local destacó en rueda de prensa que el juez ha abierto diligencias para investigar la contratación en la etapa del PP de cargos de confianza y de alta dirección que fueron despedidos y que han tenido que ser readmitidos en el Ayuntamiento con el nuevo gobierno tripartito y que presuntamente se produjeron «en fraude de ley», de cuyo auto se dio cuenta ayer en la Junta de Gobierno Local extraordinaria.

«Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal», reza el auto emitido por el juzgado, al que ha tenido acceso este periódico, donde determina «incoar diligencias previas por un presunto delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos contra quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa».

«Quién es responsable lo determinará la investigación», remarcó el portavoz municipal, al tiempo que apuntó que hay indicios de que «quien había firmado buena parte de los contratos en su condición de alcaldesa o consejera delegada de determinadas sociedades era Ángeles Muñoz», a la que achacó al menos la responsabilidad política en función del cargo que desempeñó de regidora.

El juzgado solicita información relativa a los expedientes de contratación de estas personas, la copia de las sentencias judiciales que avalan la readmisión, los informes jurídicos de dos de ellas emitidos por la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento o el dictado por el Consejo Consultivo.

Contra el mismo se puede interponer recurso de reforma en el plazo de tres días y subsidiariamente con el anterior o por separado un recurso de apelación en el plazo de 15 días, teniendo en cuenta que el auto se dictó el pasado 11 de abril.

El portavoz municipal valoró que además de los daños causados al Ayuntamiento, la comisión de estos presuntos delitos provocaría efectos negativos en cuanto a la imagen de la ciudad, y añadió que ello se suma a los presuntos delitos de falsificación del PGOU y la alteración de lindes.

En este sentido, Javier Porcuna señaló que las consecuencias jurídicas recaerán sobre «los responsables una vez que el procedimiento termine» y, en cuanto a las políticas, apuntó a la exalcaldesa y presidenta local del PP.

El auto judicial deriva de la comunicación que hizo el Ayuntamiento al Ministerio Fiscal, quien denunció y admitió la presunta comisión de delito, poniéndolo en conocimiento del Juzgado Decanato, que es el que reparte la instrucción, según aclaró el responsable del área de Personal, Daniel Pérez.

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