Los empresarios llamaron ayer a la unidad de los partidos políticos y a tener altura de miras de cara al próximo viernes, fecha en la que el pleno del Ayuntamiento abordará la aprobación del texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 y su adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), una hoja de ruta que ha marcado la Administración local hasta que se elabore un nuevo Plan General de Urbanismo para garantizar la seguridad jurídica en este sector tan importante del desarrollo y de la economía de la ciudad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de asociaciones empresariales de carácter local, provincial y autonómico, y de la Junta de Andalucía, como se puso de manifiesto ayer en la jornada «Situación urbanística actual en Marbella. Texto refundido y adaptación a la LOUA. Plan 1986», que se celebró ayer en el Palacio de Congresos y a la que acudieron unas 200 personas relacionadas con el sector.

De esta opinión es el presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Emilio López, quien afirmó que si ambas iniciativas no salen adelante el viernes sería «otro palo» para el sector de la construcción y para las inversiones. «Este texto reúne todos los documentos aprobados después de 1986 y los úne en un solo libro», explicó. López añadió que el empresariado necesita «una normativa clara para saber qué es lo que hay que cumplir en el planeamiento de la ciudad», por lo que solicitó que se busqué el bien de Marbella y se dejen a un lado «las posibles luchas políticas».

Emilio López aseguró que «se están perdiendo inversiones porque los empresarios se desesperan por no saber qué trámites se tienen que cumplir», y muchos tardan más de un año en obtener las licencias de obras, por lo que aseguró que el texto refundido del 86 «ayuda a mejorar esto. Es necesario recopilar toda esa documentación para clarificar qué se puede hacer de acuerdo al Plan General del 86 más los acuerdos que se adoptaron posteriormente, sin perder que lo importante es confeccionar un nuevo plan que sea legal, aplicable y permita el desarrollo de la ciudad en los próximos años», añadió López.

Por su parte, el presidente de CIT Marbella, Juan José González, recordó que el plan del 86 tenía unos documentos que lo modificaban y «ni si siquiera los técnicos del Ayuntamiento tenían claro cuáles eran esos documentos aprobados. Se ha reunido en un único texto todo lo que se ha aprobado lo que constituye una herramienta clara y segura». González añadió que LOUA «es posterior y tiene una terminología y cuestiones diferentes», por lo que el PGOU debe adaptarse, dijo.

González espera que «esta materia no constituya una lucha política, sino que todos los partidos comprendan que es de suma importancia para el crecimiento de la ciudad» y abogó por «hacer lo necesario para que esta herramienta se ponga en funcionamiento lo antes posible».

Por su parte, el alcalde, José Bernal, recalcó que ambos documentos se quieren sacar adelante para «darle certidumbre al urbanismo de la ciudad» tras la anulación del PGOU de 2010 por parte del Tribunal Supremo.

El regidor destacó que «en aras de la participación y la transparencia» el Ayuntamiento ha mantenido reuniones con urbanistas, con el Consejo Social, asociaciones empresariales y con los grupos municipales para hacerlos partícipes y defendió los textos «para tener certidumbre, seguridad jurídica y posibilidades de inversión. Y si el PP no está de acuerdo con estos textos que presente una alternativa o que se señale».