Los partidos políticos del Ayuntamiento de Marbella se reúnen hoy en torno a la junta de portavoces previa al pleno ordinario del viernes, en la que abordarán la documentación y las necesidades que plantearán a la Dirección General de Costas para la firma de un convenio que permita la estabilización de las playas.
La reunión prevista para hoy entre la directora general de Costas, Raquel Orts, y los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de Marbella para tratar de encontrar una solución definitiva a la estabilización de las playas del municipio se ha aplazado hasta el próximo jueves, según señaló ayer miércoles el concejal del PP, José Eduardo Díaz.
El concejal explicó ayer que ha sido la propia directora general de Costas la que ha solicitado posponer la cita, previsiblemente por motivos de agenda. Díaz añadió que los ediles del grupo municipal del PP trasladaron el martes al resto de grupos políticos el anuncio del aplazamiento.
La cita la concretó y anunció a principios de abril la exregidora y senadora del PP, Ángeles Muñoz, que invitó a todos los grupos municipales a acudir al encuentro y que asumió en un pleno el compromiso de cerrar una reunión con responsables del Ministerio de Medio Ambiente.
Por su parte, el alcalde de Marbella, José Bernal, anunció a mediados de mes que el equipo de gobierno y los portavoces de los grupos municipales de la oposición, PP y Costa del Sol Sí Puede, consensuaron un convenio que querían presentar a la directora general de Costas, por el cual el Ayuntamiento ofrece adelantar los fondos para financiar la ubicación de espigones frente al litoral del municipio y que el Gobierno central, al que compete la iniciativa, los reembolse en el futuro.
En definitiva, se trata de la misma fórmula que Consistorio y la Junta de Andalucía acordaron para construir un centro de salud en el núcleo poblacional de San Pedro de Alcántara, en Marbella.
El convenio para colocar los espigones, señaló entonces el regidor, contempla una primera partida de 11 millones de euros procedentes del superávit municipal, cuantía que, según los cálculos del Gobierno central, costaría la primera fase de los proyectos para instalar diques en las playas de La Bajadilla y San Pedro.
El acuerdo, que cuenta con el visto bueno del interventor municipal, ofrece también al Gobierno central «la máxima flexibilidad posible» para que retorne los fondos adelantados por el Ayuntamiento, según señaló el regidor.
Para poder adelantar el dinero, el Consistorio tiene que esperar a que el Gobierno central firme el convenio, ya que, de lo contrario, estaría infringiendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que impide a los ayuntamientos asumir competencias de otras Administraciones Públicas.
