El Juzgado de lo Contencioso- Administrativo número 2 de Málaga ha declarado la nulidad de pleno derecho de la licencia de obras e instalación otorgada por el Ayuntamiento de Marbella en la etapa del PP para la construcción del tanatorio de San Pedro Alcántara debido a que el firmante, el exresponsable de Hacienda Carlos Rubio, no tenía competencias, según anunció ayer el teniente de alcalde del núcleo, Rafael Piña.
«La licencia la firmó el coordinador de Hacienda, Carlos Rubio, lo cual significa que ni tenía potestad, ni tenía ninguna delegación por parte de la Alcaldía para hacerlo», explicó Piña en rueda de prensa, quien señaló que los servicios jurídicos del Ayuntamiento estudian «qué proceso debemos continuar», ya que la sentencia no es firme y ante la cual cabe recurso de apelación. «Es posible que si los informes fuesen negativos, el primer tanatorio que tenemos en San Pedro por desgracia y debido a la ineficacia del equipo de gobierno anterior, podría llegar a cerrarse», aseguró el teniente de alcalde, al tiempo que apuntó que «vamos a buscar las fórmulas y las maneras para que esto no llegue a producirse y si tenemos que hacer la ubicación en otro sitio, estaremos dispuestos a hacerlo».
El Ayuntamiento cuenta con 15 días desde la emisión del fallo, el 25 de abril, para interponer un recurso de apelación, periodo durante el cual el tanatorio permanecerá abierto hasta que se reciba la orden de ejecución de sentencia si ésta no es recurrida finalmente, agregó.
El representante local recordó que desde OSP se advirtió en su momento de que la ubicación «ni era legal, ni la más idónea para los intereses de los sampedreños», así como destacó que «todos cuestionamos cómo se hicieron esas licencias y esa adjudicación», de la que no se pudo acceder a los informes medioambientales para hacer alegaciones, aseguró.
El fallo deriva del recurso interpuesto en enero de 2015 por un vecino de la zona, Antonio Astudillo, «contra el decreto del coordinador general de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Marbella» por el que «se aprobó modificado del proyecto básico y ejecución del tanatorio de San Pedro Alcántara, así como la aprobación anterior a los efectos de licencia de obras y licencia de instalación», según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico.
Asimismo, el fallo contempla la anulación del PGOU de 2010, ya que la concesión «a efectos de dichas licencias debía revisarse conforme a la norma de planeamiento vigente, que no es otra que el PGOU de 1986», motivo por el cual las mismas pierden su eficacia al no haber pruebas de que se ajustan a derecho.
El denunciante, que cuenta con el apoyo de la comunidad de vecinos Alta Vista, -anexa al tanatorio sampedreño- mostró ayer su felicidad por la resolución: «Estoy muy feliz, no esperábamos nunca que esto iba a ocurrir así. Siempre el pez grande se come al chico, pero parece que el pez chico se come al grande».
Astudillo remarcó que si se dicta la ejecución de la sentencia, «tendrán que clausurarlo y buscar otro sitio» para el tanatorio, así como indicó que si el Ayuntamiento decide recurrir y prolongar el litigio «actuaré en consecuencia» y destacó que ello solo acarrearía «más dinero y más daños» a las arcas municipales.
«Nosotros no cerramos el tanatorio, lo ha hecho un juez porque es ilegal», remarcó en relación a las represalias de ciudadanos que reprochan al matrimonio el cierre de la instalación. Otros inconvenientes se han encontrado por el camino, como la dificultad de encontrar un despacho que quisiese interponer la demanda, motivo por el cual acudieron a la letrada Vanessa Fernández, del bufete jurídico Hispacolex de Granada.
En este sentido, apuntó que la denuncia ha sido la opción última para evitar que construyeran un tanatorio al lado de su vivienda, que según resaltó incumple la legalidad vigente.
