Antonio Becerra, jefe de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía, acudió ayer como testigo ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, cuyo titular es Gonzalo Dívar, en el marco de la investigación de una supuesta falsificación de 22 planos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de 2010, tramitado y aprobado bajo el gobierno de la senadora y exalcaldesa Ángeles Muñoz (PP).
El alto funcionario, según fuentes judiciales, señaló que «ignoraba que se hubieran realizado cambios de última hora» en el documento, así como también afirmó desconocer que el equipo redactor «estuviera preparando» algunas modificaciones.
La exalcaldesa popular, que no está imputada en el marco de estas diligencias previas al ser aforada, fue denunciada por la Fiscalía de Área de Marbella por un presunto delito de falsedad documental que se habría cometido en 2009. En el decreto, el fiscal señalaba que, de la documentación existente en las diligencias de investigación penal, así como del visionado del vídeo del pleno del Ayuntamiento del 29 de julio de 2009, y de su cotejo en el acta de dicha sesión «se objetiva, en principio, la presunta comisión» de un delito.
Denuncia
La denuncia fue interpuesta inicialmente por una plataforma vecinal contra la alteración de las lindes entre los municipios de Marbella y Benahavís, según la cual el equipo de gobierno del PP supuestamente produjo modificaciones en el PGOU, cambios que afectarían a una zona en la que tenían propiedades familiares de Muñoz. En el marco de estas diligencias previas se investiga, además, al vicesecretario municipal, entre otras personas.
Becerra, que compareció ante el magistrado en torno a una hora, habló sobre una reunión del 27 de julio de 2009 en la que el PP sostiene que se abordaron y se hicieron esos cambios. Así, confirmó que él estuvo presente, pero rechazó que se pactasen o se comunicasen modificaciones. En ese encuentro, dijo Becerra, también habría estado presente Juan Carlos Fernández Rañada, el número dos del PP en el área de Urbanismo en 2009, lo que él negó en su declaración, insisten las fuentes judiciales.
Competencia
Asimismo, dijo que la competencia para redactar el PGOU era del Ayuntamiento y que el papel de la Junta de Andalucía era solo de asesoramiento siempre que así se lo pidieran, lo que no ocurrió, aseveran las fuentes consultadas.
También precisó que la Dirección General de Urbanismo no conocía el 27 de julio, es decir, la jornada de la reunión, el informe del Consejo Consultivo, un documento al que no tuvieron acceso hasta febrero de 2010.
La también portavoz municipal del PP se defendió, pocos días después de conocer la acción judicial, y afirmó que la tramitación del PGOU fue «ajustada a la ley» -pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló lo concerniente al deslinde del PGOU y el Tribunal Supremo lo anulara completamente en noviembre de 2015- y mostró su apoyo al vicesecretario, que firmó el acta de la sesión plenaria en la que se aprobó el documento, a quien calificó de «gran funcionario del que no tengo la mínima duda».
Agria polémica
En su día, el deslinde entre Marbella y Benahavís provocó una enorme disputa entre los partidos políticos del Ayuntamiento y provocó un enfrentamiento entre las administraciones implicadas. La polémica dio lugar a un cruce de documentos, informes, planos cartográficos y escrituras de terrenos en los que se atrincheraban unos y otros para cargarse de argumentos.
Incluso, se movilizó parte de la sociedad marbellí en torno a la plataforma Ni un metro de Marbella para otra población, que no entendía por qué tenían que ceder 200.000 metros cuadrados a Benahavís a cambio de sólo 30.000. Según la plataforma, esos terrenos son rústicos pero pasarían a Benahavís como urbanizables, con lo que ello supone.
