Justicia

Julián Muñoz dice que Jesús Gil "hacía lo que le daba la gana"

El exalcalde de Marbella declara que él no tenía competencias para nada y niega haber firmado decretos

13.07.2017 | 05:00
El exalcalde de Marbella Julián Muñoz acude a uno de sus juicios.

El exalcalde de Marbella Julián Muñoz dijo ayer, en la última sesión del juicio, que el fallecido Jesús Gil «hacía lo que le daba la gana» en Marbella y que él no tenía competencias para nada. En su último turno de palabra, Muñoz aseguró que no solo no tenía competencias sino que Gil no se lo hubiera permitido y negó haber firmado decretos con conocimiento de que estuviera cometiendo alguna irregularidad. «Me acusan de todo tipo de delitos y los estoy pagando desde hace veinticinco años, pero físicamente no estoy bien», dijo Muñoz, al tiempo que destacó que se le abren las carnes cada vez que le siguen acusando por un nuevo caso. Anticorrupción rebajó su petición de pena de cuatro años y seis meses de prisión a tres años y seis meses para Julián Muñoz por malversación de caudales y prevaricación administrativa.

Alternativamente, el fiscal pide para el exalcalde fraude en vez de malversación y en este caso le bajaría la pena a dos años de cárcel. En el banquillo de los acusados también están sentados el exsecretario y un empresario acusados junto a Muñoz de irregularidades en la compra y alquiler de unos locales del puerto deportivo. En la anterior sesión, el 27 de junio, Anticorrupción retiró la acusación contra siete exconcejales del GIL por lo que ayer no tuvieron que comparecer tras dictar el Tribunal sentencia absolutoria in voce a dichos procesados.

El fiscal, durante su informe, mantuvo que los acusados realizaron una actuación caracterizada por la «arbitrariedad y el abuso de poder» y que administraron los bienes y efectos públicos con ausencia de cualquier control desviándolos de los fines públicos en beneficio de los intereses particulares de terceros o propios. Julián Muñoz en este procedimiento firmó, como alcalde accidental, un convenio de compra en 1996 de tres locales comerciales en el puerto y fijó como forma de pago la cesión de un lote de cuatro parcelas en una urbanización, con un reconocimiento de deuda.

Años más tarde, en el 2000, el empresario acusado solicitó alquilar dichos locales y Muñoz dictó un decreto para elevar a la comisión de gobierno el acuerdo de arrendamiento. El fiscal mantiene que el exregidor eligió y negoció «sin publicidad ni concurrencia», beneficiando a un interesado y perjudicando los intereses del Ayuntamiento, que se vio privado de otras posibles ofertas más beneficiosas.

Para la acusación pública hubo un trato de favor hacia el acusado que quiso alquilar los locales y un perjuicio a las arcas públicas. El letrado de Muñoz negó la acusación que pesa sobre su cliente y aseguró que el precio de los locales se ajustó a derecho, que su patrocinado no elaboró ningún contrato, que nunca se reunió con nadie y que solo firmó un contrato porque tenía el visto bueno de los técnicos. Además, criticó que la Fiscalía Anticorrupción acuse a Muñoz de varios delitos porque, a su entender, no se puede acusar por numerosos delitos sin ninguna base «por si cae alguno de ellos».

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