El Ayuntamiento de Marbella va a afrontar esta recta final del actual mandato, apenas año y medio que resta para que vuelva a ponerse en marcha la maquinaria electoral, con un gobierno liderado por Ángeles Muñoz (PP) y que acaba de poner sobre la mesa sus principales retos: planes de choque para mejorar la limpieza y la seguridad ciudadana en el municipio, así como la necesidad de establecer un nuevo modelo urbanístico y un presupuesto municipal que entre en vigor el próximo 1 de enero.

La empresa no es nada fácil. Sin embargo, Muñoz sólo ha tardado días, desde que fraguase la moción de censura que derrocaba al anterior pacto de izquierdas, en organizar encuentros en Madrid y ante otras administraciones, con el firme propósito de llevar a cabo dichas iniciativas o de generar futuras inversiones públicas.

«La prioridad principal es gestionar todo lo que no se ha gestionado desde hace dos veranos, conseguir revertir la situación de inmovilidad e incapacidad en la gestión. Un asunto que había acarreado una inestabilidad política y un malestar evidente entre la ciudadanía», manifestó a este periódico la propia alcaldesa. No existe un decálogo explícito, después del acuerdo de gobierno suscrito con los independientes sampedreños, pero sí « los retos fundamentales en áreas esenciales que el anterior gobierno, liderado por el grupo socialista, había descuidado», relató.

Para el PP será prioritario optimizar los servicios públicos, en especial la limpieza o el «tan necesario» nuevo PGOU. En el primer aspecto ya se ha diseñado un ambicioso plan que parte de «las quejas de la población, constantes durante los dos últimos años». Afirma la regidora que la situación era a todas luces insostenible. Se han empezado a reorganizar ya los horarios de recogida de los residuos, al tiempo que se han propuesta nuevas rutas y el alquiler de una nueva maquinaria, más moderna, como medida de choque.

Para la edil delegada de Urbanismo, Kika Caracuel, trabajar en la adaptación de un nuevo planeamiento es «una prioridad». Señala que existen además asignaturas pendientes, más allá de la redacción del PGOU, «como la adaptación a la LOUA y el texto refundido. Tenemos también que poner en marcha de manera inmediata mecanismos correctores para normalizar el otorgamiento de licencias, que constituye una de las grandes reclamaciones de los ciudadanos, que se ven perjudicados por el bloqueo que ha existido en este área», argumenta.

Pero no menos significativa será la labor para dar luz verde a unos nuevos presupuestos, los primeros del recién incorporado gobierno, «que puedan ejecutarse desde el 1 de enero de 2018». La alcaldesa confía en que las primeras reuniones con otras administraciones se transformen en nuevas inversiones a añadir a dicho documento.

Otro aspecto en el que se trabajará con intensidad durante estos próximos meses será el de «mejorar las infraestructuras». Por este motivo ya se ha trasladado tanto al Ejecutivo central como a la Junta de Andalucía la necesidad de fijar «compromisos firmes y definitivos». Muñoz, respecto a proyectos históricos, ya ha solicitado reuniones urgentes «para abordarlos».