La Fiscalía de Marbella ha presentado un recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de dicha localidad en el que se acordó el sobreseimiento provisional y archivo de las diligencias en las que se investigaba las supuestas irregularidades en el proceso de tramitación y aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 del municipio.

Como ya informó este diario, hace justo un año, el ministerio fiscal presentó denuncia contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, (que tiene condición de aforada al ser también senadora) y contra el vicesecretario del Ayuntamiento, por un presunto delito de falsedad documental en relación con el acta del pleno del 29 de julio de 2009, para la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana.

La fiscalía se hacía eco de las denuncias de la plataforma ciudadana Ni un metro de Marbella para otra población, que comenzó a airear los pormenores de la alteración de las lindes con Benahavís que suponía la cesión a dicho municipios de 200.000 metros cuadrados de a cambio de 30.000.

Según la plataforma, liderada por Carola Herrero y Cristina Falkenberg, el suelo que estaba calificado como rústico en Marbella pasaría a urbanizable en Benahavís. Además, se trata de unos terrenos donde familiares de la regidora tenían propiedades.

A mediados del pasado mes de agosto, el titular del juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa ya que estimaba que: «se pone de manifiesto de manera clara y rotunda, que no hubo ninguna intención, ni mala ni buena» por parte del equipo de gobierno de que el escrito que contenía las modificaciones del PGOU introducidas a última hora «pasaran desapercibidas».

Ahora, el fiscal ha presentado un recurso de apelación (que tendrá que resolver la Audiencia Provincial) al que ha tenido acceso Europa Press, en el que señala que no comparte los argumentos del juez instructor, por lo que pide que continúe la investigación y se practiquen más diligencias, como la toma de declaración de testigos.

El representante de la acusación pública sigue sosteniendo que la falsedad se cometió «al transcribir y recoger» el acta de la sesión plenaria «algo que nadie vio, no se informó al Pleno y no se sometió a votación de éste», sobre la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU, independientemente de que el documento que contenía los cambios fuera del equipo redactor del plan.

En este sentido, el fiscal apunta que «se produjo una narración mendaz, ya que lo expresado no se correspondía con la realidad, se produjo en un documento de naturaleza pública, los narradores eran funcionarios públicos y el desvío de lo que se narró en el acta respecto a la realidad de lo acontecido es relevante», detallando a la Sala los documentos que le llevan a esta consideración.

La fiscalía considera adecuado el sobreseimiento de la que fuera edil de Urbanismo entonces Alba Echevarría, al no quedar acreditado que tuviera participación en los hechos. El grupo municipal socialista de Marbella también ha recurrido el auto.