Urbanismo

El PP de Marbella afirma que informes jurídicos impiden que el PGOU salga a exposición pública

El gobierno insiste en que los dictámenes jurídicos indican que exponerlo al público no se ajusta a derecho y recuerda que el tripartito lo iba a aprobar en julio sin exponerlo a los vecinos

27.09.2017 | 17:18
La concejala de Urbanismo, Francisca Caracuel.

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella insistió ayer en que el texto refundido del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 no saldrá a exposición pública en virtud de unos informes encargados a los servicios jurídicos municipales que señalan que dicha petición no se ajusta a derecho.

Fuentes del equipo de gobierno añaden que el tripartito (PSOE-IU-OSP) tuvo que asumir la petición de CSSP de sacar el texto refundido a exposición pública para obtener los votos necesarios con los que aprobar la hoja de ruta del urbanismo marbellí, que constaba de dos puntos: aprobación del texto refundido del PGOU del 86 y aprobación de la adaptación del PGOU del 86 a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).

Para Costa del Sol Sí Puede, los informes en los que se basa el Partido Popular para no sacar a exposición pública el texto refundido del PGOU del 86 los ha elaborado la jefa de los servicios jurídicos de Urbanismo, Isabel Guardabrazo, que fue contratada como cargo de confianza por el propio Partido Popular.

Aún así, el PP insiste en que el pasado mes de julio, el tripartito llevó la aprobación del texto refundido a la comisión de Urbanismo previa al pleno sin contar con la fase de exposición pública, pero la iniciativa para avanzar en la hoja de ruta chocó de nuevo con la oposición de CSSP y por ello ni siquiera llegó a pleno.

CSSP pretendía sacarlo a exposición pública e incluir las lindes correctas con el vecino municipio de Benahavís, conforme a una sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, los informes jurídicos de Guardabrazo tumbaron dichas peticiones.

CSSP afirma que el PP ha vuelto a incluir las lindes que permitían ceder a Benahavís 300.000 metros cuadrados en la zona de Cerro Colorado a cambio de 20.000 metros cuadrados que cedería Benahavís.

La polémica surge porque los terrenos según el PGOU marbellí serían de suelo rústico pero en Benahavís pasarían a urbanizables, justo en una zona donde familiares de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, tiene intereses económicos, según denuncia la formación morada y la plataforma Ni un metro de Marbella para otra población.

Ante esta situación, CSSP ha solicitado un informe jurídico al secretario del Consistorio para saber si la alcaldesa puede votar el próximo viernes un texto urbanístico en el que tiene intereses personales. Además, recuerda que la fiscalía ha recurrido el archivo de la decisión del juzgado número 3 de Marbella de sobreseer el caso abierto contra la alcaldesa por una presunta falsificación de planos de dicha zona, durante la fase de aprobación provisional del PGOU de 2010.

IU ya ha anunciado que no participará en la aprobación del texto refundido pues no va a salir a exposición pública, a pesar de la trascendencia de dicho documento.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, insistió ayer en que no pueden obviar la legalidad recogida en los informes jurídicos y que el texto refundido «no modifica nada, sino que recoge, resume y ordena el planeamiento de la ciudad, lo que afecta a todos los vecinos del municipio».

«No existe ninguna sentencia del Supremo sobre las lindes y si la alcaldesa debería inhibirse en la votación por tener propiedades en Marbella también deberían inhibirse todos los concejales que tienen propiedades en la ciudad», añadió Romero.

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