La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, admitió ayer que no encuentra suelos que ofrecer a la Junta de Andalucía para que construya un edificio que albergue los juzgados, que se encuentran repartidos entre tres sedes distintas. «Antiguos gobernantes dejaron el Ayuntamiento sin una planificación de por dónde tenían que ir los equipamientos más básicos, como un Palacio de Justicia, en una ciudad con mucha litigiosidad», señaló Ángeles Muñoz en alusión al GIL.
La falta de previsión urbanística provocó que suelos destinados a infraestructuras públicas «se reconvirtieran y se ocuparan no precisamente con equipamientos», circunstancia ante la cual el equipo de gobierno «busca todas las vías posibles» para desarrollar el proyecto que permita contar con una sede judicial «acorde con lo que plantea la ciudad. Se están explorado todas las posibilidades», indicó Muñoz.
La regidora apeló a la sensibilidad de la consejera de Justicia, Rosa Aguilar, para valorar la ubicación idónea que le podamos ofertar para sacar adelante las instalaciones y trabajar de manera conjunta. «Espero que tenga la sensibilidad para asumir la responsabilidad de la Junta de invertir en un edificio que albergue las instalaciones dentro del ámbito judicial», agregó la regidora, que aseguró que le expondrá personalmente la propuesta a la consejera.
En esa propuesta figurará al menos la rehabilitación de un edificio de 15.000 metros cuadrados situado junto al hospital Costa del Sol y que figura entre los bienes incautados al exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca, condenado por el caso Malaya.
El Ayuntamiento de Marbella está negociando con el Ministerio de Hacienda la cesión de este inmueble, que cuenta con 3.000 metros cuadrados de terreno, que podrían destinarse a aparcamientos.
El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, instó a las administraciones públicas y judiciales a que aceleren los trámites para encontrar un edificio que concentre los juzgados del municipio, cuya situación calificó de insostenible. «En una ciudad como Marbella, con el volumen de trabajo judicial que tiene, no podemos seguir trabajando en estas condiciones. Además de la imagen tercermundista que transmitimos hacia el turismo y los inversores, no se puede administrar justicia en estas condiciones», señaló.
El Colegio de Abogados y el Ayuntamiento firmaron ayer un convenio de colaboración para asesorar a las personas en situación de exclusión social afectadas por un procedimiento de desahucio. El servicio se prestará a través de la Oficina de Intermediación Hipotecaria, que pertenece a la Delegación de Derechos Sociales.
El Colegio de Abogados prestará el servicio de forma gratuita hasta la firma de otro convenio entre ambas partes para el cual se reservarán 25.000 euros en los presupuestos municipales de 2018. Otro acuerdo permitirá que abogados de la institución judicial formen el próximo año a funcionarios municipales sobre procedimientos de desahucios.
«No habrá ni un solo día en que las personas que sufran este problema no vayan a tener, por parte del Ayuntamiento, un asesoramiento completo», señaló la regidora. Unas 75 familias de Marbella requieren de un abogado que les preste asesoramiento sobre desahucios, según Muñoz.
La intermediación del Colegio de Abogados ha permitido paralizar un desahucio en Marbella y acordar dos daciones en pago y frenar más de 800 ejecuciones hipotecarias en el resto de la provincia desde 2012, cuando la institución judicial inició el servicio.
Asesoría y defensa legal
Por otra parte, el equipo de gobierno sacó ayer a licitación la contratación de los servicios de asesoramiento y defensa jurídica en los procedimientos en los que el Ayuntamiento sea parte.
La contratación, por 1.082.000 euros, tiene una duración de dos años prorrogables un máximo de otros dos y se desglosa en tres lotes; el asesoramiento y ejercicio de acciones para la defensa contencioso-administrativa (586.000 euros); penal, civil y mercantil (400.000 euros); y de funcionarios, laborales o personal eventual (98.000 euros).
