Urbanismo

Elevan a la Audiencia Provincial los recursos del caso PGOU

La Fiscalía y el grupo municipal del PSOE se opusieron al archivo de la causa sobre el Plan de 2010

13.12.2017 | 05:00

El Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha emitido una diligencia de ordenación en la que acuerda elevar a la Audiencia Provincial de Málaga los recursos de apelación que presentaron el Ministerio Fiscal y el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento contra la resolución del juez Gonzalo Dívar de sobreseer de forma provisional y archivar la causa en la que se investigan supuestas alteraciones en el proceso de elaboración del PGOU de 2010. La diligencia de ordenación fue emitida el pasado 28 de noviembre.

A principios del mes de agosto, el titular del Juzgado de Instrucción número tres, el juez Gonzalo Dívar, adoptó la decisión de archivar la causa.

Tras recibir los recursos de apelación, la Audiencia de Málaga tendrá que pronunciarse sobre ellos. El Juzgado de Instrucción al frente del cual se encuentra Dívar ya rechazó un recurso de reforma que presentó el grupo municipal socialista contra la resolución del mismo juzgado.

El juez instructor consideró entonces que los argumentos presentados en el recurso no desvirtuaban las razones por las que acordó el sobreseimiento provisional. En aquel auto, Dívar reiteró lo que señaló en otro anterior en referencia a que «se puede afirmar que no hubo ninguna intención por el equipo de gobierno de que dicho escrito en el que se contenían las modificaciones introducidas a última hora pasaran desapercibidas».

La Fiscalía de Marbella presentó también otro recurso de apelación contra el archivo de la causa, que es el que tiene que resolver directamente la Audiencia Provincial de Málaga.

El Ministerio Fiscal sostiene que la supuesta falsedad en la tramitación del PGOU se produjo «al transcribir y recoger» el acta de la sesión plenaria en la que se aprobó el Plan de forma provisional, en verano de 2009.

La causa se inició después de que el Ministerio Fiscal decidiera deducir denuncia contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que, al ser senadora, tiene condición de aforada, y el vicesecretario del Ayuntamiento, por un posible delito de falsedad documental en la relación del acta del pleno.

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