El incumplimiento del techo de gasto en 2018 en hasta 36 millones de euros que anunció la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en la presentación de los presupuestos del próximo ejercicio y las externalizaciones de diferentes servicios públicos que el equipo de gobierno ha impulsado en los apenas cuatro meses que lleva al frente de los asuntos municipales han centrado la mayor parte de las críticas de la oposición, de tendencia progresista, tras la moción de censura con la que OSP devolvió a la Alcaldía al PP a finales de agosto.

La formación que más lejos ha llevado su rechazo a la infracción del reglamento del gasto ha sido el PSOE. Los socialistas aprovecharon la presencia de su grupo en el Congreso de los Diputados para formular una pregunta oral al Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sobre el acuerdo al que habrían llegado el Gobierno central y el Ayuntamiento para permitir al Ejecutivo municipal incrementar el gasto hasta en 36 millones de euros durante el año anterior al de las elecciones locales. En una respuesta en el Parlamento, el Gobierno central negó que hubiera «ningún compromiso económico adquirido» con el Ayuntamiento.

PP y OSP aprobaron los presupuestos de 2018, que rondarán los 246 millones de euros, en un Pleno extraordinario que la Corporación municipal celebró a mediados de mes para que las cuentas entren en vigor el 1 de enero. Lo hicieron, denunció IU, sin haber hecho público el supuestos acuerdo entre el equipo de gobierno y Hacienda para incumplir el reglamento del gasto. «La aprobación de estos presupuestos puede ser la antesala de graves recortes y privatizaciones en 2020», señala el concejal, Miguel Díaz, que se refiere al supuesto pacto entre ambas administraciones como «una patente de corso firmada por Montoro».

Por su parte, Costa del Sol Sí Puede, que defiende el incumplimiento del reglamento, considera «muy grave» que el gasto de más en el que incurrirá el equipo de gobierno se destine, según la formación, a externalizar servicios públicos y no a gastos de carácter social, como un plan municipal para fomentar viviendas a precios asequibles para los vecinos con menos recursos o programas de empleo. «El único destino acertado de parte de estos 36 millones es para comprar vehículos para reforzar el servicio de limpieza», señala.

El otro gran motivo de enfrentamiento entre el equipo de gobierno y la oposición han sido las externalizaciones de algunos servicios municipales, valoradas por la oposición en 35 millones de euros. Entre ellos, el más importante por el coste que supondrá para las arcas municipales, es el del alumbrado de la vía pública. El equipo de gobierno tiene previsto licitar el servicio por 25 millones de euros para que una empresa asuma su gestión durante los próximos 15 años.

El PSOE ha recurrido el pliego de condiciones de la licitación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al considerar que el Ayuntamiento tendrá que asumir la reposición de la luminaria y el exceso de consumo por lo que, a pesar de que la adjudicación está cuantificada en 25 millones de euros, el coste para el Consistorio «será infinitamente superior». «La privatización del alumbrado público trae la sombra de la Púnica. La privatización se hace a través de un pliego que, prácticamente, ha calcado nuestro municipio del de Collado Villalba (Madrid)», señala el PSOE.

Para Costa del Sol Sí Puede, «ni PP ni OSP creen en lo público por lo que son incapaces de gestionar bien los servicios que debe prestar el Ayuntamiento». Otras externalizaciones que ha previsto el equipo de gobierno son, según la oposición, la limpieza, consejería y mantenimiento de cuatro instalaciones deportivas durante 2018 y 2019, la conservación de los parques y jardines del municipio y la eliminación de los grafitis.