­Las externalizaciones de algunos servicios que ha impulsado el equipo de gobierno en los últimos meses, las partidas para el pago de nóminas y complementos de los trabajadores municipales que contemplan los presupuestos de los últimos años, que rondan en torno al 60 por ciento del total; y el debate sobre el excesivo número de empleados del Ayuntamiento y la forma en que accedieron parte de ellos hacen de la Delegación de Personal de Marbella una de las más difíciles de gestionar en el Consistorio.

El Ayuntamiento cuenta con unos 3.200 empleados y Marbella cuenta con 145.000 habitantes. ¿Considera que el número de trabajadores se ajusta a las necesidades del municipio?

Siempre se ha dicho, incluso por el PP, que la plantilla está sobredimensionada. Pero eso hay que matizarlo. Decir que está sobredimensionada sería admitir que sobran personas y no eso no lo puedo admitir.

¿No sobra nadie en el Ayuntamiento?

No sobra nadie. Eso que quede claro. Otra cosa es que debamos hacer una redistribución o reorganización de los trabajadores, tanto entre el personal laboral y funcionario. Este año, en negociación con los sindicatos, iremos viendo puesto por puesto qué tareas y funciones hay y qué trabajadores de adaptan mejor. En 2018 queremos iniciar un proceso de promoción interna y otro de consolidación de los puestos. Yo asumo que la plantilla municipal está mal distribuida, pero no que sobre gente.

¿Por qué ningún partido político tras el GIL ha sido capaz de afrontar la situación de los trabajadores que entraron sin procesos regulares?

Efectivamente, entraron personas sin las debidas garantías.Eso es una realidad. Pero cuando entran y concatenan contratos de seis meses, de un año o de dos, el trabajador obtiene la categoría de indefinido. Pero, ojo, de indefinido, no fijo, que se obtiene por un proceso selectivo. Hay unas 1.000 personas que están en esa situación. Políticamente no se ha actuado porque es muy doloroso despedirlos. Todos los partidos políticos hemos tenido esa sensibilidad.

También ha que tener en cuenta que lo que se cuestiona es cómo entraron, pero no su trabajo.

Pero estas plazas se pueden sacar a concurso y las personas que las ocupan presentarse y ganarlo.

Así es. La ley permite que tú puedas ir sacando esas plazas a concurso. Los trabajadores lo saben perfectamente. Y, existen los mecanismos para que, en cualquier momento, salgan a concurso público.

¿Y se van a sacar?

Lo vamos a negociar con los sindicatos. Lo digo con absoluta claridad. Primero sacaremos la promoción interna, luego la consolidación y después sacaremos a concurso público esas plazas. No estoy en condiciones de asegurar que se vayan a sacar todas, ya que es algo que tendremos que negociar con los sindicatos, pero la intenciones que algunas plazas se saquen.

Es la intención del equipo de gobierno, lo que no quiere decir que se saquen.

La ley nos obliga a que haya un proceso de negociación previa con los sindicatos. Esa negociación puede acabar en acuerdo o no. La administración motu proprio podría sacar a concurso determinadas plazas, pero me gustaría agotar la vía de negociación con los sindicatos. Si hiciéramos una convocatoria de este tipo sin haberla negociado se generaría una alarma de la que no hay necesidad.

¿Qué opinión le merece que el PP contratara a cargos de confianza a través de contratos de Alta Dirección?

Es una cuestión que está sub iudice por lo que debemos esperar a la resolución judicial. He hablado con la alcaldesa y entendemos que estas personas deberían haber dimitido. Yo pedí mi cese antes de que se fuera el PP (en 2015) y, si yo lo hice, estas personas lo podrían haber hecho. De forma temporal, los tenemos que readmitir en el Ayuntamiento, pero saben que podemos sacar sus plazas a concurso.

Pero el problema está en la forma de contratar que empleó el PP para contar con los cargos de confianza.

Cómo no sabemos qué pasará en los juzgados, quiero ser prudente. Podría ser que en los juzgados se vea que la fórmula apropiada era esa y que habían tenido que ser los trabajadores los que dimitieran. Es una cuestión en la que debemos esperar a que se pronuncien los juzgados.