El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que depende de la Junta de Andalucía, ha acordado suspender de forma provisional el proceso impulsado por el equipo de gobierno para externalizar el servicio del alumbrado de la vía pública.
El órgano, asociado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública, entiende que la suspensión del procedimiento es «el mejor remedio» para garantizar la eficacia en la resolución de un recurso que presentó el grupo municipal socialista contra la externalización del servicio en el caso de una «eventual estimación del mismo».
El principal partido de la oposición considera que la externalización del servicio durante 15 años por 25 millones de euros supone privatizar el servicio municipal y pone en riesgo la estabilidad laboral de los empleados municipales. Asegura también que el pliego de condiciones contiene diferentes irregularidades.
El tribunal acuerda en la resolución, contra la que no cabe recurso, que «a los solos efectos de la tutela cautelar y sin prejuicio del ulterior análisis de fondo de los motivos del recurso que se efectúe en el procedimiento principal, la suspensión de la licitación es el mejor remedio para asegurar la eficacia de la resolución del recurso en caso de una eventual estimación del mismo».
La suspensión del procedimiento de licitación «no afectará, en ningún caso, al plazo concedido para la presentación de ofertas o proposiciones por los interesados», agrega el tribunal.
El portavoz del grupo municipal socialista y exalcalde, José Bernal, señaló ayer que «el tribunal ha aceptado a trámite el recurso de su formación al ver indicios de perjuicio para el Ayuntamiento y para los trabajadores municipales y que la redacción del pliego puede beneficiar a unas empresas en detrimento de otras».
El pliego de condiciones incluye, según Bernal, que el Ayuntamiento asuma el gasto de reposición de la luminaria y del exceso de consumo, por lo que, aseguró, el coste para las arcas municipales será «muy superior» a los 25 millones de euros de la licitación del servicio. Además, agregó, el pliego de condiciones está sujeto a revisiones anuales del precio de la electricidad. «Si tenemos en cuenta que, desde el 2009 hasta hoy, el incremento del precio ha sido del 7% cada año, nos podemos hacer una idea de lo que supondrá esta subida para el Ayuntamiento», apuntó.
Bernal recordó que pliegos de condiciones como el que utiliza el equipo de gobierno para licitar el servicio «se parecen mucho a los que se investigan en la trama del caso Púnica, en la que se estudian presuntos casos de corrupción del PP».
