El equipo de gobierno de Marbella baraja la posibilidad de recuperar la unidad de transporte adscrita a la Policía Local con la que un grupo de agentes especializados combatía el intrusismo en el sector del taxi. El anterior gobierno local disolvió la unidad, según el concejal de Tráfico y Transportes, Félix Romero, pero «los profesionales que estaban al frente de ella siguen estando en la plantilla municipal».
Se trata de empleados «que tienen perfecto conocimiento de la legislación en materia de transporte y que, periódicamente, se instruyen en campañas especializadas contra el intrusismo», agrega el concejal.
Los cambios de turno que se han introducido en la Policía Local han provocado que el número de efectivos operativos en la calle haya disminuido, lo que dificulta la puesta en marcha de la unidad, según el edil.
«Cuando disponíamos de 200 policías en la calle era fácil dedicar una porción de esos agentes a una cuestión concreta, como era la Unidad de Transporte. Ahora hay bastantes menos policías, por lo que resulta más complicado dedicarlos exclusivamente a esa tarea», indica.
La alternativa para tratar de evitar el intrusismo en el sector del taxi es habilitar campañas específicas con los agentes especializados en la materia.
«Mi deseo como concejal de Transporte es que se pueda crear de nuevo esa unidad. Pero no tenemos las mismas circunstancias que teníamos antes y tendremos que ver si es posible», agrega el edil, que asegura que la recuperación de este equipo será una reivindicación continúa de su delegación.
La unidad entró en funcionamiento en septiembre de 2014 tras una prueba piloto que se realizó en el verano de aquel año con ocho patrullas de la Policía Local, cuatro de las cuales actuaban en Marbella y las otras cuatro, en San Pedro.
Los agentes realizaron 250 comprobaciones entre la segunda mitad de julio y agosto y presentaron 16 actas de infracción por intrusismo. La unidad controlaba el servicio de transporte público de viajeros, como los alquileres de vehículos con conductor, y el transporte de mercancías, en coordinación con la Unidad de Tráfico de la Guardia Civil y la Dirección General de Tráfico.
El equipo de gobierno quiere aprovechar la revisión de la ordenanza sobre los servicios de transporte público para actuar «de forma contundente contra el intruso puro y duro» y para exigir a las plataformas de servicios de transportes, cuya reglamentación no depende del Ayuntamiento, que cumplan «de forma religiosa» con sus obligaciones para evitar «que se conviertan en un taxi o presten el mismo servicio».
«Una VTC (vehículos de alquiler con conductor) no es un taxi. Podrán tener otro tipo de negocios que requieren una documentación y una acreditación. Ahí es donde vamos a actuar de forma contundente. El que quiera ejercer una labor que, legamente pueda realizar, la tendrá que hacer bien. Lo contrario sería perjudicar a los taxistas y a los usurarios», advierte Romero.
El gobierno local quiere que la ordenanza entre en vigor antes del mes de abril.
@marcelperiodist
