Los propietarios de las viviendas que se construyeron fuera de ordenación durante los gobiernos de GIL podrán solicitar licencias para ejecutar obras de ampliación, mejoras o reformas después de que los grupos municipales de PP y OSP, coaligados en el gobierno local, aprobaran de forma provisional en el pleno de febrero, que la corporación celebró el viernes, parte de las normas urbanísticas del PGOU de 1986, que entró en vigor tras la sentencia en la que el Tribunal Supremo anulaba el Plan de 2010.
La posibilidad de solicitar licencias para realizar obras en alguna de las 15.000 viviendas de este tipo que existen en Marbella es una de las normas urbanísticas que la corporación municipal aprobó de forma inicial en julio y supervisadas por la Junta de Andalucía a principios de febrero.
El Gobierno regional ha rechazado 13 normas urbanísticas por carecer de informes medioambientales o por considerarlas «no correctas», según la concejal de Ordenación del Territorio, María Francisca Caracuel. Entre estas últimas se encuentra la que permitiría a los hoteles ampliar sus instalaciones en parcelas colindantes aunque su uso sea no hotelero. Para que entre en vigor, el Ayuntamiento tiene que culminar el proceso de adaptación del PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, de rango autonómico.
El gobierno local continuará el procedimiento de las normas urbanísticas aprobadas por la Junta y «tramitará aparte» las que ha rechazado el Ejecutivo regional. «Por responsabilidad y coherencia, no podíamos detener la tramitación del expediente porque nos jugamos mucho para devolver la normalidad urbanística a Marbella», apunta la edil.
La concejal del PSOE y exresponsable de Urbanismo, Isabel Pérez, asegura que el equipo de gobierno «no da solución a los requerimientos de la Junta, sino que elimina los artículos que el Gobierno regional propone cambiar». «Esta conveniencia no procede de un informe técnico o jurídico, sino que es una orden política», agrega la edil, cuya formación se abstuvo en la moción sobre las normas urbanísticas.
IU y Podemos advierten de que las normas urbanísticas que tramita el equipo de gobierno posibilitan la proliferación de establecimientos de hostelería y restauración en detrimento del uso residencial de la zona. «Se dan muchas más opciones para que el casco antiguo se convierta en un centro para la restauración y la hostelería y no para un espacio para vivir, como ha sido a lo largo de la historia de la ciudad», señala el edil de IU, Miguel Díaz, cuya formación votó en contra de las normas urbanísticas en el pleno de febrero.
«El gobierno local insiste en favorecer a la hostelería y aumentar las autorizaciones para el uso de la vía pública cuando la Junta dice que eso supone un cambio de uso importante», agrega la edil de Podemos, Victoria Mendiola.
La modificación de las normas urbanísticas recibió 181 alegaciones de 78 personas físicas o jurídicas. 81 fueron rechazadas, 43 se aceptaron, 36 se incorporaron de forma parcial, 15 fueron declaradas improcedentes y seis se presentaron fuera de plazo.
@marcelperiodist
