El Ayuntamiento de Marbella contará en verano con un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, un órgano con el que agilizar las contrataciones que realiza el Consistorio, según señaló ayer el portavoz municipal, Félix Romero.
El equipo de gobierno aprobó ayer en junta el proyecto del reglamento orgánico del tribunal y lo elevará a pleno en las próximas semanas. Si la corporación municipal lo aprueba, como es previsible gracias a la mayoría de PP y OSP, el reglamento se expondrá al público. Si recibe alegaciones, tendrá que volver al pleno y si no, se aprobará de forma automática.
El órgano estará compuesto por una presidencia, dos vocales y un secretario. La presidencia y las vocalías serán elegidos por la corporación municipal en pleno a propuesta de alcaldía entre funcionarios de carrera del Ayuntamiento que, entre otros requisitos, tengan licenciatura o grado en Derecho.
«Será un tribunal de marcado carácter administrativo. No tendrá intervención de miembros que no tengan una relación administrativa con el Ayuntamiento», aseguró Romero.
El Ayuntamiento remite los recursos contractuales al Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que depende de la Junta de Andalucía y que tiene, según Romero, una importante carga de trabajo, lo que hace que la tramitación del procedimiento administrativo recurrido «tenga una demora muy importante» y repercuta en la prestación del servicio.
«La materia de contratación es sumamente complicada. Cualquier procedimiento de contratación, más si son de cuantías importantes, tienen recursos contractuales previstos por la ley que hay que solventar. Para nosotros es vital dotar de agilidad los procedimientos que se acometen en el Ayuntamiento, especialmente los de contratación», agregó.
El equipo de gobierno inicia los trámites para contar con el tribunal pocos días después de la entrada en vigor de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, una norma que Romero calificó de «muy complicada y muy compleja. Generará problemas de aplicación de todo tipo y tiene en ascuas a todas las administraciones públicas. Con la ley, resulta previsible que haya muchos recursos», explicó.
Se da la circunstancia de que el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta ha suspendido de forma provisional el pliego de condiciones con el que el gobierno local licita la externalización durante 15 años del alumbrado público por un importe de 20 millones de euros. El órgano ha parado de forma cautelar el procedimiento hasta que resuelva un recurso que presentó el grupo municipal socialista.
