Unas diez personas sin hogar de Marbella han tenido que abandonar en los últimos días el albergue en el que se alojaban. La salida de los transeúntes se produce días después de la expulsión de dicho centro de una persona que dormía en un banco ubicado entre las avenidas del Trapiche y Arias de Velasco, y que operarios municipales retiraron a finales de febrero.

Las expulsiones se deben a que la empresa pública que gestiona el albergue y que depende de la Junta de Andalucía no ha renovado el contrato con el que dar cobijo a las personas sin hogar, sostiene el equipo de gobierno, que confía en que la interrupción del servicio sea «temporal» y en renovar el acuerdo «lo más pronto posible».

La coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud, Noelia Suárez, asegura que el albergue tiene una finalidad turística y que carece de empleados cualificados para atender a personas en riesgo de exclusión social. Matiza, además, que la Junta y el Ayuntamiento han firmado un convenio con el que ceder habitaciones a los vecinos que requieren de alojamiento debido a situaciones excepcionales, como temporales, inundaciones o incendios, que está en vigor.

Lo que ha expirado, agrega, es el plazo de reserva de estas habitaciones, servicio que el gobierno local ha utilizado para albergar a transeúntes sin techo. «Desconozco los motivos por los que se ha alojado a estas personas en el albergue. Quizá ha sido por la ola de frío, pero el convenio es para desalojos en caso de urgencias», explica.

Fuentes de la Junta de Andalucía aseguran que las competencias para poner en marcha un servicio de atención a personas sin hogar corresponden a las administraciones locales. Marbella cuenta desde mediados de febrero con un centro de atención a transeúntes pero está en funcionamiento de 9.00 a 21.00 horas.

La edil de IU y delegada de Derechos Sociales en el anterior equipo de gobierno, Victoria Morales, acusa al Ejecutivo municipal de «mentir» sobre la salida de los transeúntes del albergue «para tapar la mala gestión que hace con el colectivo más vulnerable» e instó a la responsable del área, Isabel Cintado, a buscar «soluciones integrales». «El albergue tiene cerrados otros usos para acoger a jóvenes de intercambio de diferentes países, por lo que es inviable tenerlo como alojamiento alternativo permanente para el uso del Ayuntamiento», señala.

La concejala de Podemos, Victoria Mendiola, asegura que la solución para atender a este colectivo es mejorar los servicios sociales que presta el Ayuntamiento y no «la eliminación de un banco al estilo gilista. El equipo de gobierno no prioriza el rescate ciudadano y se limita a adoptar medidas parche, como el centro de transeúntes, un servicio que, al finalizar el día, vuelve a dejar a los usuarios en la calle», indica.

El anterior gobierno local firmó acuerdos con diferentes hostales para albergar a personas que necesitaran un alojamiento y entre 2016 y mediados de 2017, cuando PP y OSP firmaron la moción de censura para devolver la alcaldía a Ángeles Muñoz, abonó más de 2.000 pernoctaciones, según IU.