La Audiencia Provincial de Málaga ha ordenado al juez Gonzalo Dívar reabrir el caso sobre la presunta falsificación de documentos en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010 y a llamar a los testigos que había solicitado la Fiscalía para tratar de esclarecer si se falsificó el acta del pleno de julio de 2009, en el que la corporación municipal aprobó el planeamiento y que afecta a la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
En un auto elaborado el 15 de marzo al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, la Audiencia Provincial sostiene que «resulta precipitado» el archivo que Dívar hizo de la causa y emplaza al juez a llamar como testigos a las personas que el exvicesecretario municipal Javier de las Cuevas identificó como las transcriptoras del vídeo de la sesión plenaria: al exconcejal del PP Diego Eizaguirre y a la exedil del PSOE Susana Radío.
Según el acta del aquel pleno, Radío aludió en la segunda aprobación provisional del PGOU de 2010 «a la pretensión de modificar las lindes del municipio saltándose todos los establecimientos establecidos para ello», señala la Audiencia Provincial en el auto.
La Sala añade en el escrito que, tras recabar las declaraciones de estos testigos, Dívar podrá adoptar «con absoluta libertad de criterio, la decisión que estime conveniente».
La Audiencia estima así parcialmente el recurso de apelación que presentaron el Ministerio Fiscal y el grupo municipal socialista contra el auto en el que el juez Dívar archivó a principios del pasado agosto la causa de forma provisional.
Dívar tomó declaración como testigos a dos integrantes del equipo redactor del PGOU, entre ellos el arquitecto González Fustegueras; el ex director general de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Carlos Fernández Rañada; el jefe del servicio de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía, y el exedil de IU Enrique Monterroso, que asistió al pleno en el que la corporación municipal aprobó de forma provisional el PGOU, anulado por el Tribunal Supremo a finales de 2015.
La Audiencia confirma el sobreseimiento provisional que dictó Dívar sobre la entonces concejala de Urbanismo cuando la corporación municipal aprobó el PGOU, Alba Echevarría, dado que «no ha quedado acreditado que tuviera participación alguna en el delito de falsificación del documento público investigado».
La Audiencia señala que el procedimiento se inició tras una denuncia interpuesta por la Fiscalía de Marbella al apreciar un supuesto delito de falsedad documental en el acta del pleno de 2009. La Fiscalía decidió «deducir denuncia» contra la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y el exvicesecretario Javier de las Cuevas, que falleció a finales de febrero. De seguir adelante el caso, tendría que ser el Tribunal Supremo el que, en última instancia, juzgara a Muñoz, en su condición de aforada al ser senadora.
La Fiscalía inició las diligencias de investigación penal después de que el movimiento ciudadano Ni un metro de Marbella para otra población pusiera en su concomiendo la posible alteración de 22 planos del PGOU.
Tras analizar la documentación y el visionado del vídeo del pleno, presidido por la alcaldesa, y cotejarlo con lo que reflejó el vicesecretario en el acta, el Fiscal señaló que «se objetiva, en principio, la presunta comisión de un delito de falsedad cometida, presuntamente, por Ángeles Muñoz» y Javier de las Cuevas.
