La corporación municipal aprobó ayer en el pleno de marzo una propuesta institucional para solicitar a la Junta de Andalucía que habilite un centro de salud de atención primaria en la antigua sede de la Delegación de Urbanismo ubicada en la avenida Ricardo Soriano.
La propuesta, presentada por el grupo municipal del PP, insta a la Consejería de Hacienda de la Junta a que «de forma urgente» inicie los trámites necesarios con las consejerías pertinentes para convertir el recinto «en un equipamiento público, preferentemente un centro de salud de atención primaria». La presidenta del pleno y alcaldesa, Ángeles Muñoz, señaló que será la Junta la que tendrá que ratificar la propuesta. La petición contempla también que la propuesta se eleve a la Presidencia de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento cedió el equipamiento a la Junta en 2011 como parte del pago del anticipo reintegrable, cuyo importe rondó los 100 millones de euros, que el Gobierno autonómico concedió al Consistorio tras la disolución de la Corporación municipal, en 2006. El equipamiento y cinco plazas de garaje que el Ayuntamiento cedió a la Junta se tasaron en cinco millones de euros.
«El local permanece desde entonces sin uso, dándose la circunstancia de que nuestra ciudad es absolutamente deficitaria en equipamientos públicos desde los que dispensar servicios de competencia de nuestra comunidad autónoma», señaló Muñoz.
La corporación municipal sacó adelante también, con los votos en contra de IU y la abstención de Podemos, la adhesión del Ayuntamiento al Plan Estatal de la Vivienda para el periodo de 2018 a 2011. El plan, aprobado por el Consejo de Ministros a principios de marzo, contempla cerca de 1.500 millones de euros en ayudas para la vivienda, de los que unos 250 corresponden a Andalucía.
Además, el pleno aprobó de forma inicial el reglamento orgánico para que el Ayuntamiento cuente con un Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales. El órgano estará integrado por un presidente, dos vocales y un secretario elegidos por el pleno a propuesta de Alcaldía entre funcionarios de carrera con grado de Derecho, de la categoría superior y con una experiencia mínima de 15 años.
El tribunal servirá para «agilizar los procedimientos de contratación ya que aquellos en los que hay algún recurso se tienen que remitir al que existe en Sevilla, lo que hace que el proceso se demore», explicó el portavoz del grupo municipal del PP, Félix Romero.
La Corporación dio luz verde a una moción en la que Podemos pedía adoptar las medidas necesarias para eliminar la publicidad sexista en el municipio.
