Los tres partidos de la oposición en la corporación municipal elogiaron ayer la petición del fiscal de Marbella de elevar al Tribunal Supremo el denominado caso PGOU, en el que se investiga la presunta falsedad en el acta del pleno del 29 de julio de 2009 en el que se aprobó provisionalmente el plan urbanístico de 2010, y criticaron la falta de explicaciones de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, la única denunciada en la causa tras el fallecimiento del exvicesecretario Javier de las Cuevas y el archivo de la querella contra la exconcejala de Urbanismo Alba Echevarría.
El portavoz del PSOE, José Bernal, señaló que la causa llegará al Supremo, donde Muñoz, aforada por su condición de senadora, «ya no podrá seguir escondiéndose». Según Bernal, la regidora tenía que «haber dejado de parapetarse en su aforamiento y haber dado la cara», ya que «cada día que pasa sin que se aclara el asunto se daña la imagen de Marbella y coloca a su alcaldesa en el foco judicial en materia de urbanismo, con todo lo que ha ocurrido en este municipio anteriormente».
Bernal indicó que su formación comparte el criterio del fiscal de remitir el caso al Supremo para investigar a la regidora, a la que «siempre hemos pedido que diera explicaciones ante la Justicia sobre lo que pasó con la elaboración del PGOU. Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, estábamos convencidos de que el caso se iba a reabrir por parte de la Audiencia Provincial, como así ha ocurrido. También estamos convencidos ahora de que tendrá que enviarse al Supremo», agregó.
Bernal expresó su confianza en que los tribunales aclaren si se falsificó el acta de la sesión plenaria, pero pidió ir «más allá» e investigar «quién o quiénes cambiaron a última hora 22 de los 71 planos del PGOU, entre ellos los de las lindes con Benahavís».
Bernal indicó que los terrenos en litigio son de San Pedro, núcleo poblacional desde el que OSP apoya a Muñoz al frente del Ayuntamiento. «Si la causa termina formalmente en el Supremo, con Muñoz como investigada, ¿qué van a hacer sus socios de gobierno que tanto la criticaron en su día por querer regalar 170.000 metros cuadrados de terreno» a Benahavís, preguntó el edil.
Por su parte, Rafael Piña, el líder de la formación Opción Sampedreña, que en su día apoyó el movimiento contra el deslinde entre Marella y Benahavís, y ahora es socio de gobierno con el PP, no quiso hacer ayer declaraciones al respecto.
El edil de IU Miguel Díaz criticó que la regidora «se parapete en su condición de senadora», al estar aforada, «para evitar posibles repercusiones legales. Con acciones como la del gobierno de Ángeles Muñoz se vulneró el interés general de Marbella. Benahavís está construyendo en suelo de Marbella amparándose en ello», indicó el edil en referencia a una promoción de 2.000 viviendas de lujo que se construye en el cauce del río Guadaiza, entre ambos municipios.
La edil de Podemos Victoria Mendiola destacó la contundencia con la que el fiscal indica que la regidora tenía la obligación de informar al pleno y someter a votación la modificación de 22 planos del PGOU «y que parecen afectar a muchos intereses particulares y no generales. Hay que investigar hasta el fondo para conocer la verdad y pedir las responsabilidades oportunas», agregó la edil.
Muñoz se mostró convencida de que el caso «se volverá a archivar, como hace unos meses. Esta cuestión ha tenido mucho componente político. Los hechos y las testificales han dejado absolutamente claro y meridiano cuál fue el procedimiento que se llevó» para aprobar el PGOU, indicó. Según la regidora, la tramitación fue «absolutamente legal» y acorde con las instrucciones de la Junta de Andalucía e impulsada por el equipo redactor. «A partir de ahí, veremos qué toma en consideración el ámbito judicial. El acta es competencia del habilitado. No estamos hablando de ningún otro tema, sino del acta», apuntó.
