Defensas del caso 'Hidalgo' de Marbella alegan vulneraciones

La Sección Novena de la Audiencia de Málaga ha retomado este miércoles la vista oral, que continúa el jueves, con las cuestiones previas planteadas por los abogados de los procesados, 14 inicialmente, aunque son nueve los que siguen sentados en el banquillo, tras dos retiradas de acusación, el acuerdo con uno de ellos y dos que están enfermos.

La investigación realizada puso de manifiesto, según la Fiscalía Anticorrupción, la existencia presuntamente de "un determinado número de clientes que se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho de abogados para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos que les eran exigibles".

Los abogados defensores han aludido en primer lugar a la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, tanto en las intervenciones telefónicas como en el registro del bufete marbellí Cruz Conde; lo que, en su opinión, conllevó a una intromisión en el derecho de confidencialidad y fue contra "la lógica del derecho de defensa".

Han criticado que en los informes policiales donde se pedían esas intervenciones se usaron "expresiones alarmistas" y los han tachado de "tendenciosos" y "vacíos", pero "aderezados con vocablos, como grupo organizado o conexiones", con el fin de "lograr la artificiosa criminalización de los abogados". También han señalado que la autorización de las escuchas se basaron en "conjeturas" policiales.

Por esto, "es incuestionable que son ilegítimas y por tanto hay que declararlas nulas", ha señalado uno de los letrados en su exposición de las cuestiones previas, a las que se han sumado otros defensores. También ha aludido a "resoluciones predispuestas y estereotipadas" por parte del instructor, el juez Francisco Javier Urquía, para intervenir los correos electrónicos.

Asimismo, han indicado que fue una "investigación prospectiva y no existió proporcionalidad porque no tiene sentido intervenir todas las comunicaciones del despacho", apuntando que para esas "intromisiones" se utilizaron argumentos como que el despacho usaba sociedades en paraísos fiscales para ocultar el último beneficiario de inversiones inmobiliarias, pero ha apuntado que "la opacidad no es delictiva".

Además, este abogado se ha preguntado "¿Cómo podían saber los abogados que cinco años después del asesoramiento a clientes iban a ser investigados o tener imputaciones penales?", apuntando que finalmente sólo dos de los clientes resultaron tener causas o estar investigados por otros delitos.

Esta "investigación prospectiva", han asegurado, también se produjo en la entrada y registro del bufete, aludiendo a la "falta de motivación" del juez para acordarlo. En este sentido, el letrado ha señalado que "de los 694 expedientes intervenidos en el despacho, 401 nada tenían que ver con las investigaciones" que se llevaba a cabo por el caso 'Hidalgo'.

También han alegado vulneración por el "desorden en la cadena de custodia de los datos de clientes", argumentando las defensas que "falta" cotejo de documentos y algunos originales. Al respecto, uno de los letrados ha dicho que de 438 bridas que tiene la causa "solo 97 están a disposición de la Sala".

Las defensas han alegado la prescripción de algunos de los delitos fiscales por los que se acusa a sus clientes y vulneración por acusaciones sorpresivas y de los derechos a la libertad y a un juez imparcial, aludiendo en este punto a la "arbitrariedad con la que el juez Urquía dictaba sus resoluciones" en esta causa, sobre todo las relativas a las libertades.

Los primeros arrestos por el caso 'Hidalgo' se produjeron en abril de 2007, aunque los dos principales investigados inicialmente, que eran el responsable de dicho despacho de abogados y un empresario de origen iraquí, fallecieron durante la instrucción.

La Fiscalía Anticorrupción achaca a los acusados delitos contra la Hacienda Pública de distintos ejercicios, en algún caso desde 2001; y blanqueo, según su escrito provisional. Así, entre los procesados se encuentran letrados del bufete, asesores fiscales y clientes, tanto personas físicas como sociedades, algunas relacionadas con la promoción inmobiliaria y otras con intereses diversos, como la comercialización de productos petrolíferos.

En su acusación inicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, el ministerio público considera que el mencionado despacho de abogados supuestamente proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos", buscando en algunos casos el fin de "eludir el pago de tributos".

Entre las fórmulas usadas, se constituía una mercantil española --sociedad limitada-- que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal -Gibraltar, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, etcétera-. Otras veces se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuyo titular era otra entidad de un paraíso fiscal -Antillas Holandesas-, según el fiscal.