Uno de los abogados acusados en el caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales y el delito fiscal en torno a un despacho de abogados de Marbella aseguró ayer que este bufete, para el que trabajaba, no decidía las operaciones, inversiones o pagos de los clientes extranjeros, sino que eran éstos los que lo hacían. La Sección Novena de la Audiencia de Málaga celebró ayer una nueva sesión del juicio por este caso, en el que inicialmente había 14 acusados, aunque finalmente son nueve los que siguen en el banquillo, tras dos retiradas de acusación, el acuerdo con uno de ellos y dos que están enfermos. Según la Fiscalía Anticorrupción, este abogado acusado es uno de los miembros del bufete y constituyó junto al responsable del mismo, Rafael Cruz-Conde -fallecido- y otro procesado una sociedad interpuesta supuestamente utilizada como parte de otras radicadas en paraísos fiscales para gestionar bienes y fondos. La acusación pública sostiene que presuntamente «un determinado número de clientes» del bufete «se han servido del sistema de ocultamiento de fondos diseñado por el citado despacho para eludir el cumplimiento de sus obligaciones fiscales frente a la Hacienda Pública española, omitiendo el pago de los tributos exigibles».
El procesado insistió en que «jamás el despacho ha tomado decisiones sobre pagos o ingresos» de sociedades de los clientes, sino que eran ellos los que lo hacían, limitándose el trabajo del bufete en comunicar las decisiones a los gestores de las empresas para que las cosas «se hicieran como se debía». Añadió que él no es especialista en tema fiscal y dijo no saber por qué los clientes mantenían una estructura societaria en otro país a pesar de que eso tuviera un coste y de que, según la Fiscalía, las decisiones se tomaran desde España.
