La Comisión aprobó una transaccional pactada por el PP y el PSOE, que fundieron en una las propuestas de resolución presentadas por ambos grupos al coincidir en la mayoría de las peticiones que se hacían.

En la propuesta finalmente aprobada se pide la ampliación del periodo fiscalizado ante la constatación de que en el periodo 2000-2001 el Ayuntamiento "no ha variado su actitud" en el control de las cuentas públicas con respeto al periodo anterior, según el último informe del Tribunal de Cuentas.

Además, la iniciativa pactada incluye una "condena profunda" al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella "por las deficiencias, irregularidades e incumplimientos" de las normas legales, así como la petición de que se remita a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y a la Tesorería General de la Seguridad Social el informe "para que se adopten todas las medidas precisas en el ámbito de su competencia".

La propuesta pide que se dé traslado a los órganos competentes para que actúen, "con un embargo preventivo de los bienes de los iniciados en la responsabilidad contable" y que el Tribunal de Cuentas pueda hacer una intervención de las sociedades municipales "como medida cautelar tendente a evitar nuevas irregularidades por parte de sus actuales administradores".

Se pide también que el Ayuntamiento "dé muestras de su compromiso con la legalidad y la defensa de los intereses ciudadanos" y adopte las medidas necesarias para ello.

La representante del PP, Angeles Muñoz, aseguró que la "gravedad" de los hechos detectados en el periodo analizado en Marbella, en el que -dijo- la norma era "el abuso generalizado en el más amplio sentido de la palabra" por el equipo de gobierno municipal, justifica la necesidad de aprobar una propuesta de resolución pactada.

Recordó la "perdida de patrimonio de cientos de miles de metros cuadrados" en Marbella constatada por el Tribunal de Cuentas, así como la "pérdida de plusvalías generalizadas" que éste órgano fiscalizador calcula en más de 130 millones de euros y "un saqueo generalizado" del dinero público por parte de los representantes municipales.

Muñoz señaló que el informe del TC deja claro que en el periodo fiscalizado "hubo un gravísimo perjuicio para la ciudad y un claro beneficio para terceros", por lo que destacó que "eso no puede quedar así" y subrayó la necesidad de adoptar medidas "para que esto no vuelva a ocurrir y que las personas que han cometido esos hechos paguen por ello y podamos recuperar esa parte del patrimonio público saqueado".

"Vamos a instar a todos los poderes públicos para que paren las tropelías cometidas estos años en el Ayuntamiento de Marbella", aseguró la representante del PP.

Por su parte, el senador del PSOE José Andrés Torres destacó que la propuesta va dirigida a defender "valores comunes de un Estado de Derecho que se han visto claramente conculcados por la actuación del Ayuntamiento", dónde -dijo- la práctica generalizada ha sido "el uso de la política en beneficio particular".

Torres expresó su deseo de que en el futuro la corporación municipal de Marbella "esté en manos de partidos democráticos respetuosos con el estado democrático".

"NO HE HECHO NADA A ESPALDAS DE LA LEGALIDAD"

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Marisol Yagüe, tras conocer que el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista pactaron hoy en la Comisión Mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas ampliar el informe de fiscalización del Ayuntamiento marbellí a los ejercicios comprendidos entre 2002 y 2004, insistió en que su equipo de gobierno "no ha hecho nada a espaldas de la legalidad". Por ello, reiteró que no le asusta dicha propuesta ni que se fiscalicen los últimos tres años de gestión municipal, en dos de los cuales ella ha estado al frente del Consistorio, porque "no tengo nada que ocultar", apostilló.

Respecto a la posibilidad de que se lleve a cabo un embargo preventivo de los bienes de los iniciados en la responsabilidad contable y que el Tribunal de Cuentas pueda hacer una intervención de las sociedades municipales como medida cautelar tendente a evitar nuevas irregularidades por parte de sus actuales administradores, la regidora marbellí comparó dichos anuncios con la amenaza reiterada de quitar las competencias urbanísticas al Ayuntamiento.

Además, Yagüe reiteró que "bajo su mandato", en el Consistorio se están cumpliendo las recomendaciones dadas a fin de evitar "que no haya problemas como en los ejercicios anteriores".

"Soy la principal interesada en que todo funcione correctamente ateniéndose a la legalidad", subrayó la primera edil de la localidad marbellí.