El Ayuntamiento de Torrox dio ayer luz verde, en sesión plenaria extraordinaria, al expediente para revisar de oficio el acuerdo municipal del 7 de julio de 2005, así como la posterior concesión de licencia municipal, que permitía la construcción de cinco viviendas en zonas rurales del municipio. Esta iniciativa ha partido del requerimiento formulado en mayo de este año por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, a instancias del expediente abierto por la Fiscalía de Málaga, según apuntaron durante el pleno los integrantes del equipo de gobierno.

La propuesta que culminará con la anulación de las cinco licencias urbanísticas fue aprobada con los votos favorables de los diez integrantes del gobierno actual y las abstenciones de los siete ediles del PSOE y el PP que conforman la oposición. Ambas formaciones, hace ahora tres años, votaban favorablemente a esas licencias, "a pesar de los informes técnicos desfavorables", recordaba ayer el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez Moreno (IU), que por entonces estaba en la oposición frente a socialistas y andalucistas. "Las licencias beneficiaban a concejales de aquel gobierno y ahora desde la Junta se nos insiste en que debemos cumplir la legalidad".

Ya hubo un aviso. El portavoz de la Plataforma de Independientes Unidos (PIU), Manuel Palomas, que también forma parte del equipo de gobierno y hace tres años estaba en la oposición, explicó que ya se cursó en 2005 un aviso desde la Delegación Provincial de Gobernación de la Junta. Ante la negativa de dar marcha atrás a las licencias, IU y PIU cursaron una querella contra PSOE y PA -gobierno de entonces- y también frente al PP -también respaldó el acuerdo en pleno-.

El portavoz socialista y ex alcalde, Francisco Muñoz, manifestó ayer que el procedimiento "debía haberse planteado a través de un contencioso-administrativo y no por la vía penal a la que nunca debieron recurrir quienes ahora están en el gobierno de Torrox".