La Fiscalía de Medio Ambiente ha presentado una denuncia ante el Juzgado Decano de Málaga contra la ex alcaldesa de Cártama, Leonor García (Partido Popular), por un presunto delito cometido por ésta durante el ejercicio 2003, poco antes de perder la alcaldía a manos de José Garrido (PSOE). El ministerio público cree que incurrió en un supuesto ilícito de prevaricación.

Según informaron a este periódico fuentes judiciales de toda solvencia, la Fiscalía considera que la ex regidora popular y actual portavoz del partido en el Consistorio "concedió licencias municipales de segregación con el objeto de que una particular pudiera construir en varias parcelas".

Concretamente se trata de las parcelas ´176 a 178 del polígono 30´ de la localidad de Cártama. En principio, no tendría que haber habido ningún problema con la concesión de estas licencias municipales de segregación, lo que ocurre es que la Fiscalía de Málaga entiende que esos terrenos están considerados "por el ordenamiento urbanístico del municipio como zonas no urbanizables", siempre según las fuentes consultadas, y esos permisos se concedieron a una particular sin que "en ninguno de los casos estuvieran sustentados en informes técnicos ni jurídicos".

De momento, la denuncia se ha interpuesto ante el Juzgado Decano de la capital, sede judicial que deberá turnarlo entre alguno de los diez órganos de instrucción que hay en la ciudad y que son competentes para investigar en Cártama, ya que esta localidad pertenece, al igual que otros municipios del Guadalhorce, al partido judicial de Málaga.

Con esta denuncia, Leonor García se suma al amplio grupo de ediles, alcaldes y ex alcaldes investigados en Málaga por presuntos delitos urbanísticos entre los que se encuentran los de varios pueblos de la Axarquía (La Viñuela o Gaucín), Ronda, Tolox, Benalmádena, Manilva Sabinillas o Marbella.

"Beligerancia". La Fiscalía ha acusado en varias ocasiones tanto a la Junta de Andalucía como a los ayuntamientos de la provincia de "ser poco beligerantes" con el urbanismo y recuerda en su memoria que las denuncias interpuestas por la Consejería de Obras Públicas han descendido de 89 a 23 entre 2006 y 2007.

En este sentido, por delitos contra la ordenación del territorio se abrieron el pasado ejercicio 238 diligencias de investigación y la propia Fiscalía distingue dos supuestos: "En el litoral, la mayoría de los delitos cometidos consisten en prevaricaciones urbanísticas; por otro lado, comienzan a aparecer sin embargo denuncias contra los municipios del interior, también por prevaricación". Además, los acusadores insisten en "la falta de colaboración de muchos municipios amparándose en los pocos medios de los que disponen".