El gobierno municipal del PP de Marbella no esperará a septiembre para retomar algunas de las tareas que tiene pendientes. Una de las principales, junto con la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, será el desarrollo de la reestructuración del organigrama municipal.

Este mismo lunes, se reanudan las reuniones con los sindicatos del Consistorio para tratar de avanzar en las negociaciones del convenio colectivo, que se han mantenido paralizadas más de dos meses, según indicaron a este diario algunos representantes.

Seguro médico. Este proceso está estrechamente ligado a la reordenación del Ayuntamiento, ya que de hecho, "muchos de los convenios no se podrán negociar hasta que no se sepa qué trabajadores van al Ayuntamiento y a los nuevos organismos autónomos locales que se crean", explicó a este diario el concejal socialista Daniel Pérez, quien aclaró que la eliminación del seguro médico privado del que disfrutaban unos 1.500 empleados ha trabado especialmente este trámite.

Esta medida, que adoptó el equipo de Ángeles Muñoz en noviembre del pasado año, supuso el inicio de un conflicto judicial que enfrenta aún a empleados municipales y al gobierno local en los tribunales. Por el momento, dos sentencias respaldan la postura de los trabajadores. Pero no son firmes y el Ayuntamiento ya ha anunciado que las recurrirá hasta el final.

"Es una medida lógica. Las arcas municipales no pueden mantener una doble cobertura sanitaria a un determinado grupo de trabajadores, que además supone un gasto de un millón de euros al año", sostiene el portavoz del PP, Félix Romero.

Sin embargo, lo cierto es que los representantes sindicales podrán ahora comenzar a negociar su pacto laboral desde una posición de fuerza, ya que ambos dictámenes judiciales consideran el seguro médico como uno de los derechos que figuraban en su convenio colectivo y que han sido eliminados "unilateralmente".

Catalogación. Paralelamente, la empresa Consultores de Gestión Pública trabaja junto con los técnicos municipales en la elaboración de la catalogación que se aprobará definitivamente en un pleno extraordinario que, según la alcaldesa , Ángeles Muñoz, se celebrará el próximo 21 de agosto.

A partir de entonces, se pondrá en marcha el plan que prevé la creación de 155 nuevas plazas, la eliminación de 133 y el traslado de unos mil trabajadores, 452 de ellos desde las sociedades al Ayuntamiento.

Desde el PSOE recordaron que el Ayuntamiento no puede argumentar problemas económicos para suprimir este derecho adquirido y debe ser el convenio el que determine las condiciones.