Mijas tiene 3.750 construcciones irregulares

El alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), dice que un 30% de ellas podrían regularizarse vía planificación

EFE La localidad malagueña de Mijas cuenta con 3.750 construcciones en situación irregular, de las que un 30 por cien podrían regularizarse vía planificación, asegura el alcalde, Antonio Sánchez (PSOE), que espera que se halle "algún resquicio por el que, sin conculcar la legalidad, se pueda encontrar una solución".

Del censo de edificaciones irregulares, un millar tiene expediente abierto y Sánchez ha asegurado, en una entrevista con Efe, que lo importante es -como van a hacer- paralizar las multas coercitivas, ya que "una vez que se abre expediente, inmediatamente hay que imponer las multas que concluían con la demolición".

Ha explicado que instarán directamente la demolición, pero no con un plazo corto para ejecutarla, sino de un año, ya que "no es tan fácil encontrar una vivienda alternativa" y, además, darán "un margen" para que se pueda acudir al juzgado.

En este sentido, ha precisado que así "aún más se amplía el plazo mientras la Junta de Andalucía o los servicios jurídicos del Ayuntamiento encuentran una fórmula legal que permita la regularización".

Ha añadido a Efe que la regularización de algunas viviendas pasaría por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se impulsará, "pero mientras hay que encontrar mecanismos que permitan dilatar".

También ha considerado que para el resto "tiene que haber una herramienta que, ahora, con la ley en la mano, probablemente no haya, pero es posible que deba adaptarse la ley o que muchas viviendas queden fuera de ordenación, que también se contempla".

Respecto a los inmuebles que quedaran fuera de ordenación no se podrían solicitar servicios de alcantarillado, agua u otros, "pero se permitiría mantener la vivienda en pie sin problemas".

Antonio Sánchez ha planteado en instancias superiores elaborar "un estudio de manera sensata de la ley e incorporar, si hay posibilidad, alguna modificación, pero en el marco de la ley y evitando impunidad" y ha señalado que "no sería cuestión de un punto y final.

Ha demandado un censo real de construcciones y ha señalado que "habrá algunas que no pueden ser legalizables por estar en dominio público y en otras habrá que ver la fórmula donde podrían encajar".

Los expedientes abiertos se irán concluyendo y ante nuevos casos "se va a proceder a su paralización inmediata" y a la orden de demolición.

La regularización no podría superar el 30 por ciento del total porque "sería complicado, ya que no podríamos llegar en la nueva ordenación a hacer urbanizable todo el término municipal y están dispersas por todo el término".