La Junta de Andalucía ha resuelto las discrepancias surgidas entre el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande y la Consejería de Medio Ambiente en relación a la declaración de impacto ambiental correspondiente al Plan Parcial del Sector UR-11, en el paraje Barranco Blanco. El Consejo de Gobierno andaluz emitió ayer la declaración de inviabilidad del proyecto que planteaba la construcción de casi 1.500 viviendas.
La Junta confirmó así la declaración de ´impacto ambiental no viable´ emitida por la Consejería de Medio Ambiente en septiembre de 2008 para la construcción de exactamente 1.466 viviendas en una superficie de 1.500 millones de metros cuadrados del conocido paraje natural.
Esta declaración negativa cierra la vía administrativa para la urbanización, que era promovida por la empresa vizcaína Ondobide.
Con esta publicación se resuelve la polémica entre el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ante el Consejo de Gobierno andaluz y también tranquiliza a los colectivos ecologistas y agrupaciones vecinales, que protestaron en su momento al conocer el proyecto.
La confirmación de inviabilidad ambiental del proyecto se basa, entre los aspectos más destacables, en la no disponibilidad de recursos hídricos en la zona. La declaración subraya el déficit de 54 hectómetros cúbicos por año que indican para el área afectada los balances del Plan Hidrológico de la Cuenca Sur.
Además, el documento señala el impacto negativo que tanto las captaciones de aguas subterráneas como la propia urbanización ocasionarían en el río Fuengirola, declarado Lugar de Importancia Comunitaria por su riqueza en flora y fauna.
La declaración de impacto ambiental, ahora confirmada por el Consejo de Gobierno, también pone de manifiesto la elevada intensidad edificatoria y el carácter aislado de la urbanización, que implicaría un gran consumo hídrico, una mayor demanda de desplazamientos motorizados y la transformación irreversible de un hábitat que cumple la función de corredor ecológico con las sierras de Mijas, Alpujata, Blanca, Bermeja y Coín.
Daños irreversibles. El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande ya había aprobado inicialmente el proyecto, pendiente de que la Consejería de Medio Ambiente y la de Obras Públicas emitieran la Declaración de Impacto Ambiental y un informe urbanístico para su aprobación definitiva.
La primera negativa de la Junta fue emitida en 2007, pero el Ayuntamiento aportó documentación complementaria que contemplaba disminuir la superficie construida y concentrar las viviendas en el centro del sector, pero el gobierno autonómico volvió a denegarlo en 2008.
La respuesta ciudadana también fue negativa con la creación de una plataforma que se movilizó y denunció lo que consideró un nuevo pueblo que causaría daños ecológicos y sociales.
