princesa sánchez. Marbella
Un inspector controla desde julio el transporte colectivo y público en Marbella. La concesionaria del servicio, la empresa CTSA-Portillo, no goza de muy buena fama entre los usuarios. El billete único para viajar en uno de sus autobuses urbanos es de 1,15 euros, una de las tarifas más caras de España que no se corresponde precisamente con una de las mejores prestaciones del país.
Los horarios no se cumplen y los vehículos están "abandonados", necesitan limpieza y reparación, según denuncian cada vez que tienen oportunidad los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de la localidad, el PSOE e IU, a petición de los propios vecinos. De ahí, que el gobierno municipal del PP haya decidido dedicarles una inspección específica con la que hasta ahora no contaban.
Una sola persona tiene este cometido por el momento, aunque el Consistorio quiere que sean dos. "Cada vez que incumplen una normativa, se levanta un acta", explicó a este periódico el concejal de Transportes y portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero. Posteriormente, se evaluarán los expedientes elaborados por el inspector y se estudiarán las sanciones, que dependerán de la gravedad de la infracción que se haya cometido, según añadió el edil.
Los grupos de la izquierda van más allá y creen que los populares deberían anular la concesión administrativa y recuperar el servicio. "La concesionaria ha incumplido el pliego de condiciones y ha vendido y revendido el servicio público de transportes como un negocio especulativo", en opinión del concejal socialista Antonio Martín.
De hecho, la antigua Portillo pertenece desde noviembre de 2009 a la empresa CTSA, integrada en el Grupo Avanza.
Romero ya descartó esta posibilidad hace ahora un año durante la celebración de un pleno ordinario. Coincide con sus compañeros de corporación municipal en que el servicio que ofrece la concesionaria "no es el que merecen los ciudadanos de Marbella". Pero, por otra parte, considera que su recuperación es absolutamente inviable.
Gran desembolso. De entrada, porque el Consistorio de Marbella necesita al menos seis millones de euros para efectuar este trámite. Un dinero que destinaría a la compra de la flota de 16 autobuses y la contratación directa de sus 43 conductores, una plantilla que cobra anualmente alrededor de 860.000 euros en total.
A todo ello, habría que sumarle una "cuantiosa" indemnización por anular una concesión administrativa que no concluye hasta 2013. Unas cuentas que no comparten los dos grupos de la oposición. Ellos insisten en defender que quien ya está incumpliendo el contrato es Portillo.
Mientras tanto, los vecinos de la localidad y los numerosos visitantes de Marbella prefieren coger sus propios vehículos particulares antes que sufrir una larga espera en cualquier parada de autobús.