El alcalde de Ronda (el ex andalucista y actual militante socialista), Antonio Marín Lara, ha sido citado a declarar en calidad de imputado en el caso ´Los Merinos´, que instruye el Juzgado número 1 de Ronda y por el que se intenta averiguar si se pudo cometer alguna ilegalidad a la hora de autorizar este proyecto urbanístico, que contempla la construcción de 800 casas de lujo, dos campos de golf y tres hoteles de lujo, entre otras instalaciones turísticas y residenciales.
Concretamente, será el día 15 de octubre, a las diez de la mañana, cuando el regidor rondeño tenga que dar cuenta del procedimiento que siguió a la hora de autorizar por decreto la licencia urbanística de este macroproyecto.
En febrero de 2007, Izquierda Unida (IU) presentó ante la Fiscalía de Málaga una denuncia contra el alcalde al considerar que podría haber incurrido en un presunto delito contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente, por haber aprobado el proyecto urbanístico de Los Merinos "en fraude de Ley", según informó el portavoz municipal de la coalición, Rafael Ruiz.
Una demanda a la que posteriormente se sumó la Junta de Andalucía, que remitió a la Fiscalía de Málaga dos informes sobre los impactos negativos de esta urbanización para que se agregase el delito de presunta prevaricación contra el alcalde a los ya planteados por IU.
En octubre del mismo año, la Fiscalía remitió al juzgado rondeño toda la documentación para que abriese una investigación, que inició seguidamente.
Durante todo este tiempo la juez que dirige el caso ha solicitado información sobre el proyecto de Los Merinos tanto al Ayuntamiento rondeño como a la Junta de Andalucía para cotejar toda la documentación.
En la denuncia planteada por IU, tanto Rafael Ruiz como el coordinador provincial de la coalición, José Antonio Castro, entendían que la actuación del alcalde podría tener un carácter delictivo ya que "se prevé una transformación del suelo mayor a lo permitido y no cuenta con los requisitos medioambientales".
Mientras, Marín siempre ha sostenido en sus distintas declaraciones realizadas en los últimos dos años que ha cumplido "escrupulosamente" la legalidad y lo establecido en el PGOU de 1993, que aún está vigente.
Es más, llegó a decir que si los tribunales le quieren reclamar a alguien "que le reclamen a la Junta de Andalucía, que fue la que aprobó el PGOU, donde ya aparecía este proyecto", al tiempo que matizó sentirse totalmente tranquilo, ya que "todo lo que he hecho es legal".
Ayer, el portavoz de IU afirmó sentirse satisfecho por la decisión de la juez de llamar a declarar al alcalde, ya que "es hora de que se aclare todo lo sucedido con este proyecto, que a nuestro parecer presenta muchas incógnitas y flecos, además de ilegalidades".
El pasado 20 de agosto, Marín también tuvo que acudir a declarar en calidad de imputado al Juzgado número 3 de Ronda por un presunto delito contra la ordenación del territorio y prevaricación, por permitir el Ayuntamiento la edificación de una nave agrícola en la Hoya del Tajo, en suelo no urbanizable y de especial protección ambiental.
Los tres juzgados rondeños, así como la Fiscalía de Málaga, están investigando en estos momentos un total de diez actuaciones urbanísticas dentro del término municipal de Ronda, que han sido denunciadas por incumplir la Ley vigente, según han informado Ecologistas en Acción.
