NOELIA ANDRADE. ESTEPONA
El Sindicato UGT en Estepona ha denunciado que se ha agotado el crédito del presupuesto del Ayuntamiento de este año para pagar las nóminas de los trabajadores de algunas empresas municipales.
Según manifiesta la central sindical, "la situación nos parece dramática, ya que aunque hubiese dinero en caja, la nómina de algunas empresas no se podría pagar por inexistencia de crédito." En este sentido, criticaron que el Ayuntamiento no haya previsto en todo este tiempo que los créditos de las empresas eran insuficientes para cubrir las nóminas de todo el año.
En una nota de prensa remitida a los medios de comunicación, UGT exige "a los actuales gobernantes que realicen las acciones necesarias encaminadas a garantizar el pago de las nóminas de los trabajadores de las empresas."
Cobrarán sus nóminas. Por su parte, la concejala de Personal en el Ayuntamiento de Estepona, Cristina Rodríguez, reconoció a este periódico que se han agotado los créditos de dos empresas municipales, Servicios y Desarrollo, pero que esto no significa que los trabajadores no vayan a cobrar su nómina.
Rodríguez insistió en que la política que se lleva a cabo en el Consistorio en materia de Personal es unitaria por lo que no se distingue entre trabajadores de primera, de segunda o de tercera categoría. A este respecto, insistió en que los empleados municipales cobrarán sus nominas al mismo tiempo.
En cuanto a los fondos necesarios para pagar a los trabajadores, la edil aseguró que desde el equipo de gobierno se está trabajando para reunir la cantidad necesaria. Así las cosas, aseguró que se ha vuelto a pedir un crédito a la Junta que saque al Ayuntamiento de la difícil situación económica en la que se encuentra y que sirva, además de para pagar a los trabajadores, para pagar a pequeños proveedores a los que el Consistorio debe dinero.
Por su parte, el alcalde, David Valadez, aseguró que ya se ha ordenado una modificación en el presupuesto para que no haya problemas para pagar a los trabajadores. Según explicó, este trámite no tendría que pasar por pleno y sólo tendría que tener el visto bueno de la interventora municipal. La situación es tan crítica que el gobierno tiene que pedir ayuda continuamente para pagar los cuatro millones de euros mensuales de las nóminas de unos 1.300 empleados.