Marbella insiste en modificar la ley para recuperar sus bienes

princesa sánchez. Marbella El Partido Popular, que gobierna actualmente el Ayuntamiento de Marbella, volverá a proponer ante el Congreso de los Diputados una modificación legislativa para que la ciudad se beneficie de los bienes confiscados por la Policía en el transcurso de la operación ´Malaya´.
La normativa vigente, y en concreto la Ley de Bienes Decomisados que regula este apartado, prevé que los bienes intervenidos durante un proceso de investigación policial pasen a depender directamente del Gobierno central y, por tanto, de la caja común española.
"Nuestra proposición no de ley urgen aprobarla de manera inmediata", en opinión de la portavoz del PP en Marbella, Carmen Díaz. " Mucho nos tememos que nuestra ciudad, la principal víctima y perjudicada de las irregularidades del pasado, se quede finalmente sin nada porque otras instituciones comiencen a cobrar sus deudas de los bienes incautados en Malaya", añadió.
En este sentido, Díaz se refirió a Hacienda, que ya ha empezado a percibir cantidades relativas al cobro e deudas contraídas durante la etapa de gobierno del Grupo Independiente Liberal (GIL) y la posterior etapa de mandato tripartito. No en vano, el Consistorio tiene previsto saldar alrededor de 20 millones de euros de débitos.
Vistas. Es la segunda vez que los populares impulsan esta medida, que ya fue planteada sin éxito ante el Congreso de los Diputados y el Parlamento andaluz. En esta ocasión, el PP aprovechó la celebración en la Audiencia provincial de las vistas sobre los recursos presentados por 62 imputados en ´Malaya´ contra el auto de procesamiento dictado en julio de 2007 por el anterior juez instructor, Miguel Ángel Torres.
Ayer compareció la defensa de la ex edil del Consistorio marbellí Carmen Revilla, procesada en el caso. En su primera declaración ante el juez Torres, la ex concejala aseguró haber recibido dinero por parte del presunto cerebro de la trama y ex asesor urbanístico del municipio, Juan Antonio Roca. Ayer, su abogado justificó que lo hizo por las "condiciones" de su detención y víctima del "miedo psicológico" y porque era "la única posibilidad que ella veía de eludir la prisión".
Su letrado Juan Carlos Rivera se refirió a una especie de psicosis en las primeras comparecencias de los imputados y citó un ejemplo. Francisco Javier García Lebrón, de Aifos, primero negó cualquier imputación y, posteriormente, cambió su declaración, tras lo que salió en libertad con fianza.
Asimismo, el abogado de Revilla argumentó que su defendida no reconoció en ninguna comparecencia haber facilitado resoluciones favorables a cambio de dinero y que lo único que recibió de Roca fue un préstamo.
Por su parte, la defensa del ex concejal José Jaén arremetió contra el juez Torres. Afirmó que éste actuó erigido en acusador. Asimismo, criticó como ya han hecho otros abogados, que la instrucción se desarrolló "sin posibilidad de defensa para los procesados".
El letrado de Jaén, Antonio Herrera, aludió a una posible vulneración del derecho de defensa, denunció el abuso del secreto sumarial en la causa y la falta de imparcialidad exigida en el auto de procesamiento, que adolece, a su entender, de concreción, argumento también expuesto por otras defensas.