El alcalde de Sayalonga, condenado a un año de cárcel

FRAN EXTREMERA. Sayalonga El alcalde de Sayalonga desde 1995, José Luis Navas Camacho (PSOE), ha sido condenado a un año de cárcel y nueve años de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio en su modalidad de "prevaricación urbanística", justo lo que solicitaba la Fiscalía en base a una licencia de obra que el Ayuntamiento concedió en suelo no urbanizable.
La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga especifica, como hecho probado, que el regidor sayalonguino "no solo concedió una licencia ilegal, sino que posteriormente archivó sin justificación alguna el expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística". Navas coincidió ayer en la capital malagueña con otros alcaldes axárquicos y argumentó que va a recurrir la sentencia ante la Audiencia Provincial. "Nos ha dicho que confía en poder terminar esta legislatura", explicó un compañero de partido.
En los fundamentos jurídicos se apunta que infringió el ordenamiento jurídico al conceder la licencia en 2000 –para una vivienda unifamiliar en suelo no urbanizable– "al margen de cualquier planeamiento". La autorización fue otorgada, pero en el decreto "se especificaba que la obra no podría iniciarse sin la presentación del correspondiente proyecto de ejecución y dirección facultativa", se aclara.
El expediente técnico municipal incluyó un informe desfavorable a la concesión de la licencia. Y, además, ya iniciadas las obras de ejecución, en octubre de 2006, se acordó suspender la ejecución de las obras e incoar expediente para recuperar la legalidad urbanística, "así como incoar expediente sancionador".
Allá por el mes de febrero de 2007, Navas, en su condición de alcalde dictó un decreto en el que acordaba "el archivo del expediente de disciplina urbanística, derecho que fue adoptado con la disconformidad del secretario del Ayuntamiento". Precisamente, esta condena ha salido a la luz mientras permanece abierto un intenso debate sobre el urbanismo axárquico.
Distinta competencia. La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental, que agrupa a los 31 términos de la Axarquía, sirvió hace menos de un mes de escenario para crear una mesa que pretende readaptar la nueva normativa autonómica a estos territorios malagueños, de manera que permitan recuperar el desarrollo urbanístico en ciertas áreas –ahora condicionadas–.
No obstante, los ayuntamientos que integran la mesa delimitan los objetivos de la misma. "Los asuntos que están en los juzgados, constitutivos de delito, están al margen de las competencias de la mesa", aclaró ayer tarde la concejala nerjeña de Urbanismo, Inocencia Quintero (PP), respecto a esta polémica abierta.