noelia andrade. Estepona
Telefónica ha aplazado la suspensión del servicio telefónico en el Ayuntamiento de Estepona, fijada para hoy jueves, después de que haya acordado fijar para la próxima semana un plan de pagos para abonar la nómina.
La empresa da un respiro de manera momentánea al Ayuntamiento, que le debe alrededor de 350.000 euros de facturas pendientes desde 2008. El Ayuntamiento de Estepona gasta mensualmente alrededor de 30.000 euros en telefonía fija y móvil.
Así las cosas, la concejala de Hacienda, Francisca Bernal, aseguró que la situación económica no es nada fácil y que "se va agravando día a día". A esto añadió que aún no han "tenido respuesta de la Junta de Andalucía" aunque el alcalde va a mantener varias reuniones esta semana para buscar financiación.
Aparte de los problemas con el teléfono, Bernal manifestó que no existe, "a día de hoy, ninguna otra amenaza de corte" en el suministro, ya sea eléctrico, de recogida de residuos o de otra índole.
El Ayuntamiento espera recibir en los próximos días el veinticinco por ciento, 125.000 euros, de los 500.000 euros que la Consejería de Gobernación le concedió en septiembre para gasto corriente, y esta cifra se destinará al pago de la electricidad, la recogida de residuos sólidos y otros gastos.
Por otro lado, la concejala señaló que aún no está garantizada la nómina correspondiente a noviembre, pero confía en que se pague antes que la de octubre, que se abonó el pasado día 15. Y es que el Ayuntamiento destina 3.600.000 euros mensuales al pago de los salarios de los 1.300 trabajadores municipales.
Por otra parte, el Ayuntamiento de Estepona pretende aprobar en la próxima sesión plenaria la contratación, con una empresa externa, del servicio de alcantarillado y saneamiento.
Esta operación supondría el ingreso en las arcas municipales de cuatro millones de euros, así como el paso de siete trabajadores de la brigada municipal de saneamiento a la empresa adjudicataria, manteniendo todos sus derechos, según explicó la concejala de Asistencia y Desarrollo, Lina Rivas. Según la edil, "el objetivo es mejorar el servicio que se presta con unas instalaciones obsoletas y una falta total de medios".
Rivas señaló que en estos momentos "no se realiza mantenimiento preventivo de la red", y no hay ningún censo del sistema de alcantarillado ni del estado de la red, con lo que se corre el riesgo de que se produzcan "vertidos al cauce público, además de otras incidencias sanitarias y medioambientales". Rivas aseguró también que el Ayuntamiento no tiene capacidad económica para "reponer tapas de registros de pozos o rejillas de pluviales".