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Urbanismo

Un hombre deberá demoler su casa en Cártama

El juzgado ha ordenado el derribo del inmueble de forma inmediata - Se encuentra en suelo no urbanizable

 17:52  

Efe El propietario de la casa construida de forma ilegal en el paraje Dehesa Alta, en Cártama (Málaga), ha comenzado la demolición de la vivienda tras ordenar de nuevo el juzgado el derribo de forma inmediata.

El Ayuntamiento de Cártama había previsto proceder de forma subsidiaria a la demolición el próximo jueves de esta vivienda, de 128 metros cuadrados, que se encuentra en suelo no urbanizable de protección especial y que no es compatible con la ordenación vigente, si el propietario no acometía su derribo. No obstante, éste ha comenzado voluntariamente el derribo del inmueble.

"Si el día 26 esa demolición no está totalmente ejecutada, el Ayuntamiento procederá a la demolición completa del inmueble", declaró en un comunicado el concejal de Urbanismo, Jorge Gallardo.

El pasado mes de julio un juzgado dio la orden para derribar esta vivienda. Sin embargo, la demolición no se pudo llevar a cabo por la oposición del propietario a conceder autorización para la entrada en el domicilio.

El Ayuntamiento de Cártama solicitó la entrada en el inmueble y el juzgado respondió que no era necesaria la tramitación de dicha solicitud, ya que se trata de una orden judicial acordada en virtud de sentencia firme. En este contexto, el ente municipal estableció una fecha para llevar a cabo la demolición subsidiariamente.

El expediente administrativo de esta vivienda se inició en 1997 y en esa misma fecha el Ayuntamiento lo remitió al juzgado por presunto delito contra la ordenación del territorio. En 1999 se dictó sentencia acordando la demolición de la edificación. "Desde esa fecha y hasta 2006, los propietarios de esta vivienda han ido recurriendo esa sentencia", indicó el edil.

En 2006 el juzgado volvió a reiterar que había que proceder a la demolición. De nuevo, en febrero de 2008 llegó un escrito del juzgado exigiendo el cumplimiento de esa sentencia de demolición, con apercibimiento al Ayuntamiento de que si no se procedía a cumplirla, el titular del Consistorio podrá incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad previsto en el artículo 556 del Código Penal.

"Se vuelve a presentar un recurso de reposición por parte de los propietarios en el Ayuntamiento", señaló el edil de Urbanismo. El Ayuntamiento contestó ordenando la restitución de la legalidad urbanística vulnerada mediante la demolición de las obras realizadas en un plazo máximo de dos meses de forma voluntaria por los interesados y de nuevo los propietarios presentaron recurso al juzgado, el cual fue desestimado.

El concejal recordó que en diciembre de 2008, el juzgado volvió a dictar un auto confirmando la demolición y en febrero de 2009 se recibió de nuevo oficio del juzgado ordenando la demolición, en este caso, de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento.

"Ante esta situación, los propietarios de la vivienda presentaron un escrito ante el juzgado pidiendo el indulto de la pena y la suspensión de la demolición", declaró Gallardo. No obstante, en junio el juzgado dictó un auto diciendo que no se suspendía la demolición aún habiéndose pedido el indulto y que se debía proceder a la demolición en un plazo de 30 días.

En este auto se volvió a apercibir al Ayuntamiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad si no se llevaba a cabo la demolición, tal y como subrayó el concejal.

Tras haber recibido esta documentación, el Consistorio procedió a la tramitación de la demolición y fijó la fecha del 27 de julio para llevarla a cabo. Asimismo, se procedió a la notificación a los interesados del decreto en el que se fijaba la fecha del derribo, que no se pudo llevar a cabo al no permitir el propietario el acceso a la parcela.

"Son unos 2.900 expedientes de viviendas irregulares en el campo iniciados en este Ayuntamiento y el Consistorio debe cumplir lo que establece la ley y las sentencias emitidas por los juzgados", manifestó el concejal de Urbanismo.

Por otro lado, Gallardo adelantó que el juzgado ha dado orden de demoler otra construcción en la zona conocida como Manguarra. "Se trata de una caseta de 20 metros cuadrados construida en suelo no urbanizable de especial protección", según informó.

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