princesa sánchez. Marbella
Los segregacionistas de San Pedro Alcántara creen que los recientes informes municipales que se oponen a su histórica petición son falsos y están manipulados. "Vamos a ponerlos en manos de la Fiscalía para que analice los posibles indicio de delito en los que puedan incurrir", explicó ayer a este diario Manuel Fernández Valdivia, el portavoz de la asociación que los representa, Asociación Pro Independencia.
El colectivo advirtió ayer de un posible delito de prevaricación presuntamente cometido por los redactores de los citados informes y los ediles que se fundamenten en estos textos para votar en contra de la demanda de segregación del núcleo poblacional en el pleno extraordinario de mañana.
El Código Penal estipula que "a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo, se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años", recordó ayer Fernández Valdivia mediante un comunicado de prensa.
Los partidarios de la plena autonomía de San Pedro no entienden las razones jurídicas, históricas y socioeconómicas argumentadas por el Ayuntamiento de Marbella. "Negar la legitimidad del movimiento independentista es tanto como negar la existencia de nuestro pueblo y de su creación como colonia en 1860", destacó. Ni siquiera están de acuerdo con la distancia calculada por el Consistorio marbellí entre el núcleo poblacional y el distrito marbellí. El arquitecto jefe del área de Urbanismo certifica que es de 7.625 metros. Sin embargo, "es de 10,1 kilómetros, según consta en el Instituto Geográfico Nacional y en el Nomenclátor del Instituto Nacional de Estadística".
Indignación. Fernández Valdivia se mostró indignado con la actitud mostrada por el gobierno municipal del PP, pero no sorprendido. "Son los mismos argumentos de hace 18 años y que también usó el GIL durante su mandato", añadió.
El Ayuntamiento, por su parte, mantiene su oposición a la segregación de San Pedro Alcántara como respuesta a la Junta de Andalucía, que le solicitó un pronunciamiento oficial al respecto después de que el Tribunal Supremo ordenara el pasado marzo la reactivación del expediente, que data de 1994.
El Consistorio se apoya en tres informes técnicos que establecen que el área residencial que habitan cerca de 40.000 vecinos no reúne los requisitos necesarios para convertirse en un municipio independiente.