El fiscal Anticorrupción en el caso 'Malaya', contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Juan Carlos López Caballero, aseguró hoy que el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, es funcionario público "a efectos penales" e insistió en que "desde su posición predominante en el Consistorio, trata de garantizarse unas ganancias" a través de distintas operaciones.
El fiscal y el resto de acusaciones intervinieron hoy ante el Tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Málaga en la última sesión de la vista sobre los recursos presentados contra el segundo auto de procesamiento del caso, después de que hace 15 días ya expusieran sus argumentos todas las defensas apelantes, excepto la de Roca, que también lo hizo hoy.
El representante de la Fiscalía, que pidió la confirmación del auto por ser una resolución "motivada" y estar basada en "hechos objetivables y claramente acreditados", indicó que Roca, "en cuanto que fue nombrado por autoridad competente y participa en el ejercicio de funciones publicas", en concreto en la revisión del planeamiento, "a efectos penales, es un funcionario público".
Respecto a los argumentos de que Roca, como empresario, compra suelo en un momento oportuno, señaló que "es él que está determinando qué terrenos van a ser susceptibles de una modificación del planeamiento y es su voluntad la que determina no sólo que esa modificación tenga lugar por la vía del convenio sino que se integre en el nuevo plan clandestino del 98".
Así, analizó las operaciones urbanísticas que se describen en el auto, Ave María y Francisco Norte, con la que dijo que el ex asesor de Urbanismo "iba a beneficiar a un amigo", a través de un convenio, precisando que este tipo de acuerdos "no autorizan a construir nada". "Cómo se puede indemnizar por algo que era manifiestamente ilegal", se preguntó el representante de la acusación pública.
Asimismo, añadió que la mayoría de las operaciones financieras que se describen en el auto de procesamiento tienen el objetivo de "ocultar" las transmisiones de bienes a sociedades en las que Roca está detrás. Apuntó que en estas piezas separadas hay procesadas personas que "aparecen objetivamente favoreciendo y permitiendo la ocultación".
Roca
Por su parte, el abogado del presunto cerebro de la trama, José Aníbal Álvarez, afirmó que éste "ni era político ni era funcionario, por lo que mal podía llevar a pleno resolución alguna", al tiempo que aseveró que era el alcalde, Jesús Gil, el que decía que "se cumpliera lo que decía". Entendió que el procesamiento tiene "irregularidades de muchísimo peso", que impiden el ejercicio del derecho de defensa.
A este respecto, aseguró que "no se puede imputar un delito por comprar en el momento oportuno" y se refirió a supuestos errores en las periciales sobre los terrenos sujetos a convenios, relatados en la resolución, alegando que "no podemos soportar un proceso cuya prueba fundamental es la pericial y ésta está mal hecha", por lo que instó a devolver la causa al juzgado y practicar nuevas pruebas.
"Se nos van sumando las imputaciones porque cualquier operación que haya realizado Roca es objeto de sospecha", aseveró Álvarez, quien argumentó que los indicios del auto "no se han acreditado por las acusaciones, que son las que tienen la carga de la prueba", que en su opinión, se está "invirtiendo", criticando que se les pida a las defensas que aporten documentos que fueron intervenidos.
El letrado negó que los concejales o el tasador procesados en estas piezas separadas hubieran recibido presiones por parte de su patrocinado para tomar decisiones ilegales y aseguró que algunos empresarios han reconocido haber pagado a su cliente para "obtener la ventaja de la libertad", sin que se hayan tomado medidas "para comprobar la autenticidad de estas manifestaciones".
Libertad
Asimismo, la misma Sala acogió una vista para determinar la puesta en libertad o no del ex asesor de Urbanismo, tras solicitarlo su defensa, quien hoy insistió en que no existe riesgo de fuga y en que de haber querido fugarse, lo podría haber hecho durante los días que estuvo en libertad.
El letrado apuntó que su cliente no está pensando en fugarse sino que "quiere preparar los procedimientos" que tiene pendiente y dijo que existe arraigo familiar. Solicitó que se le deje en libertad, aunque apuntó que nadie querría colaborar en una nueva fianza tras haberlo hecho en la anterior y haber sido investigado.
Por su parte, el fiscal indicó que sí existe riesgo de fuga y recordó que otros imputados en esta causa --como el ex edil del PA Carlos Fernández-- han eludido la acción de la justicia teniendo cargos menores, reiterando que Roca es el "jefe de la organización" y la "columna" del procedimiento penal.
También se refirió a las sentencias condenatorias que tiene, como la del caso Saqueo I, que se revisa mañana en el Tribunal Supremo, y a otras instrucciones en curso, que se llevan en los juzgados de Marbella, en las que está imputado el presunto cerebro de la trama de corrupción marbellí.
