El abogado del ex asesor urbanístico del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca ha reclamado hoy que sea declarado improcedente su despido por el Consistorio, mientras que éste ha asegurado que no existió una relación laboral con el considerado cerebro de la trama del "caso Malaya".

El juzgado de lo Social número 11 de Málaga ha acogido hoy el juicio laboral sobre la demanda de despido presentada por Roca, que ha quedado visto para sentencia.

El abogado del Ayuntamiento, Santiago Jiménez, ha subrayado que entre Roca y el consistorio no hay "una relación laboral", sino que el ex asesor utilizó a las empresas municipales "a propia conveniencia y en connivencia con otras personas" como los ex alcaldes Jesús Gil, Julián Muñoz o Marisol Yagüe.

Ha recordado que la Audiencia Nacional ya ha reconocido como "hechos probados" que Gil y otros "idearon la creación de las sociedades municipales para detraer dinero del Ayuntamiento" y Roca fue nombrado gerente de la sociedad Planeamientos 2000.

Sin embargo, se trata de un "contrato de trabajo simulado, no real, porque no hay relación laboral, ni Roca ha ido a la oficina, sino que daba las instrucciones y fijaba su propio horario", por lo que debe ser considerado "un contrato nulo con independencia de las formalidades que tenga", según el representante municipal.

Asimismo, ha apuntado la existencia de una sentencia firme contra Roca que le condena a nueve meses de prisión, por lo que se podría resolver el contrato, y ha añadido que si hubiera relación laboral, el despido sería procedente por una falta injustificada al puesto de trabajo.

Para el representante del Ayuntamiento, está "plenamente acreditada la inexistencia de relación laboral" y además no hay una prescripción de las infracciones cometidas por Roca "porque sigue faltando a su trabajo".

Por su parte, el abogado de Roca, Francisco Hurtado, ha lamentado la "falta de respeto a la presunción de inocencia" de su cliente y ha resaltado que la incoación de un expediente disciplinario por el Ayuntamiento supone "reconocerle como personal laboral".

Además, el Ayuntamiento llegó a reservarle un puesto de trabajo a Roca, según su abogado, que ha rechazado que el ex asesor permanezca actualmente en prisión por una sentencia firme -la del denominado "caso Belmonsa"-, y ha aclarado se debe a la prisión provisional por el "caso Malaya".

Ha lamentado que este despido se haya producido "por criterios políticos y no jurídicos" y ha reclamado que se declare su improcedencia y que Roca pueda optar por una indemnización o por su reincorporación al puesto de trabajo.

A petición del representante del Ayuntamiento ha comparecido Francisco Javier Granados, que fue responsable de Personal en la empresa municipal Gerencia de Obras y Servicios, y que ha señalado que Roca no tenía oficina en la sede de ésta, sino que trabajaba en las dependencias de Urbanismo del Ayuntamiento.

Además, Granados ha apuntado que los gerentes de las empresas municipales acudían al despacho de Roca para recibir las instrucciones de éste.