El Ayuntamiento de Vélez Málaga hará frente la próxima semana a buena parte de la sentencia condenatoria dictada en julio de 2008 por el Tribunal Supremo, que condenaba al Consistorio veleño a pagar 2,8 millones de euros a 18 vecinos del conjunto Ipanema, en Torre del Mar, debido a los daños sufridos por la contaminación acústica de los locales de ocio nocturno de la zona conocida como ´El Copo´.
Para ello, el Consistorio depositará 2.086.000 euros en el juzgado. La alcaldesa de la localidad, María Salomé Arroyo, informó de que el Consistorio pagará esta cantidad con la incautación del aval contraído a la anterior empresa concesionaria del servicio de limpieza, Urbaser, a la cual se le demandan 16 millones de euros por daños y prejuicios de la huelga del año 2005.
Para los 812.000 euros restantes, se ha fijado un principio de acuerdo con los vecinos de Ipanema, "con la intención de establecer un plan de pagos", apuntó la regidora veleña. Arroyo manifestó además que, tras la reunión con representantes de Urbaser, se iniciarán los trámites correspondientes para "alcanzar un acuerdo" sobre la demanda que el Ayuntamiento interpuso a la empresa".
El concejal de Hacienda, Fermín Domínguez (PSOE), apuntó que en el presupuesto municipal del pasado año "ya se contemplaba el pago de la sentencia de Ipanema con Urbaser" e indicó que el pleno ordinario del 29 de octubre de 2009 "se estableció la cantidad de 16 millones de euros, que se le reclamaba a la empresa de limpieza".
Domínguez añadió que "la intención del equipo de gobierno es llegar a un acuerdo con Urbaser, para no tener que recurrir a instancias judiciales".
La sentencia de Ipanema fue notificada en junio de 2003 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que consideró demostrado que el Ayuntamiento toleraba locales nocturnos de ocio sin licencias y que no cumplían la normativa vigente de ruido.
El Supremo condenó en julio del 2008 al Consistorio veleño a pagar una indemnización de 156.260 euros a cada vecino denunciante, por los daños sufridos por contaminación acústica desde 1990 hasta 2003.
En noviembre de 2009, el TSJA dictó un auto por el que reclamaba el embargo de bienes patrimoniales al Ayuntamiento, al no hacer frente al pago de la sentencia en el plazo previsto de 16 meses. Los vecinos de Ipanema señalaban que habían sufrido ruidos que llegaban hasta los 120 decibelios, cuando la normativa establece el límite en 30.
