JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA.
El alcalde de Cártama, José Garrido (PSOE), está imputado por un presunto delito de prevaricación omisiva por haber dejado caducar un expediente sancionador abierto a un vecino que se hizo una casa en suelo no urbanizable.
El procedimiento lo investiga el juzgado de Instrucción número 5 de Málaga. Según pudo saber este periódico, la Fiscalía de Medio Ambiente denunció en julio de 2009 a Garrido.
En diciembre de 2005, los miembros del Servicio de Inspección del Ayuntamiento detectaron que un vecino se estaba haciendo una casa en suelo no urbanizable. Este hombre fue denunciado por la Fiscalía por un supuesto delito contra la ordenación del territorio.
El Consistorio incoó el correspondiente expediente sancionador y se acordaron la suspensión de los trabajos y el precinto de la obra, pero ésta continuó a pesar de varias visitas realizadas por los técnicos municipales: éstos estuvieron en la parcela en enero de 2006, fecha en la que pudieron comprobar que se había roto el precinto; y en marzo, abril y mayo de 2006. En febrero de 2007, en una nueva inspección, detectaron que continuaban las obras.
En octubre de 2008, el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil le preguntó al Consistorio por el estado del expediente, y, en diciembre, el mismo caducó, por lo que la Fiscalía abrió diligencias informativas que culminaron en la correspondiente denuncia interpuesta en julio de 2009. El regidor ya ha declarado como imputado.
El también diputado provincial de Coordinación Territorial recalcó que las competencias urbanísticas las delegó, como se hace en todas las áreas, y negó haber cometido delito alguno. "No hemos incurrido en ilegalidad alguna ni se ha dado ninguna licencia irregular. De hecho, el expediente en cuestión se reabrió y se decretó una orden de demolición", explicó José Garrido.
"No hemos hecho dejación de funciones", añadió. También insistió en la falta de medios que arrastra el Consistorio, donde se tramitan actualmente, según informó, más de 2.000 expedientes similares por casas ilegales. "Con los recursos que tenemos, demasiado bien nos va", dijo.
La casa aún no ha sido demolida porque, tal y como explicó, cuando un vecino se ve en esa situación, "lo recurre todo". "Rompieron el precinto. No existe prevaricación omisiva, porque el expediente en cuestión se abrió. Tenemos distinto personal para atender estos casos: policías locales, abogados y técnicos, pero con tantos expedientes nos harían falta más recursos", concluyó.
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