El alcalde de Canillas de Albaida (Málaga), Antonio Gregorio Díaz (PP), ha reconocido hoy ante el juez que concedió la licencia de obras de una vivienda en suelo no urbanizable a sabiendas de que faltaban informes técnicos y ha recalcado que tenía "confianza y seguridad de que era legalizable".
Díaz, que ha comparecido hoy en calidad de imputado por un supuesto delito de prevaricación urbanística, ha indicado que tenía que haber concedido la licencia cuando los técnicos se lo hubiesen dicho aunque ha señalado que no pensaba que estuviese cometiendo un delito.
Asimismo, el alcalde ha recalcado durante el juicio, que ha quedado visto para sentencia, que concedió dicha licencia debido a la insistencia del propietario de los terrenos y que lo hizo de "buena fe" sin saber que era un delito, ya que "era una vivienda destinada a explotación agraria".
Por su parte, el arquitecto asesor de Inspección Técnica, Juan Carlos Atienza, ha señalado ante el juez que en dicho terreno se construyó una vivienda como residencia, ya que "no había indicios de que el terreno estuviese destinado a explotación agraria".
Por todo ello, el ministerio público ha solicitado para el acusado siete años de inhabilitación para empleo o cargo público además de una multa de quince meses con una cuota diaria de 30 euros, mientras que la defensa ha pedido que se dicte "una sentencia absolutoria".
Según el fiscal, en 2006 el propietario de unos terrenos y un constructor edificaron una vivienda unifamiliar aislada en un terreno no urbanizable y presentaron la solicitud de licencia de obras al consistorio.
La solicitud se realizó supuestamente sin el preceptivo proyecto técnico ni el de actuación, pero se le concedió la licencia por decreto del alcalde en noviembre de 2004, siempre según la versión de la acusación pública.
